El pasado martes, el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, anunció en un medio de comunicación que se va a llevar de nuevo a pleno el pliego de la contrata de la Recogida de Basuras que rechazó el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 2019. Así, deslizó que si no se hace uno nuevo, es por la decisión la edil del área María Pilar Alcolea. Ahondaba así la crisis socialista.
Ayer, la edil emitió un comunicado en el que negaba esta versión de su propio alcalde: "Lamento profundamente que trascienda a la opinión pública una versión totalmente contraria a la realidad, ya que desde el momento en el que este expediente de contratación fue anulado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) no he cejado en el empeño de impulsar un nuevo expediente actualizado a la versión moderna y medioambiental que requiere el servicio".
La concejal añade en su escrito que "además del análisis propio de la gestión municipal, esta concejalía ha mantenido reuniones con ingenieros y ambientólogos especializados en recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Limpieza Viaria (LV), en aras de un mayor asesoramiento técnico".
También, que "entre las conclusiones más relevantes que esta concejal ha podido conocer por parte de los técnicos especializados con respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del contrato 'tumbado' por el TACR, así como reuniones con empresas y representantes de los trabajadores", existe un desfase de precios.
En el trasfondo de la situación se halla la profunda crisis en el socialismo de la ciudad. Alcolea lidera al sector crítico del grupo municipal y el partido una vez que el alcalde logró que dimitiese José Luis Lorenzo. Es más, ha sido la concejal que ha hecho campaña interna por la candidatura de Alejandro Soler para la secretaría general provincial socialista, frente a Villar y su afín Asunción París, que apostaron por Toni Francés (afín a la cúpula del PSPV).
Como ya informó este diario, el asunto de la contrata de las basuras no es menor. Después de que no se pudiese adjudicar el servicio, la actual concesionaria en prórroga exige más de 1,5 millones de euros a la ciudad alicantina en sobrecostes por el desfase de precios.
Las razones de Alcolea
La concejal crítica profundiza en esta tesis. Según señala en el comunicado, existe un "desfase de la contabilidad analítica del contrato, con costes actuales de medios materiales y maquinaria desfasados con respecto a los que figuran en los pliegos, que datan de 2019. En algunos importes unitarios los aumentos de precios oscilan entre el 20 y 30%".
También, que en el contrato antiguo "no se contempla la subida del IPC ni en los medios materiales y maquinaria, ni en los costes salariales de las plantillas" y que hay "inseguridad jurídica para los licitadores que realizaron ofertas en el anterior
procedimiento ya que ahora tienen que replantear sus proyectos después de
abrirse sus ofertas, hecho por el que algunas empresas ya nos han advertido que
recurrirán el contrato en cuanto se abra el nuevo plazo de presentación de ofertas".
Además, se cierne otro peligro sobre el ayuntamiento ya que "los sindicatos mayoritarios tanto en RSU, como en LV, han hecho saber a esta concejalía que de tramitarse los mismos pliegos plantearán denuncias al no respetarse el convenio laboral vigente, ni el número de trabajadores exigido".
Por último, añade que existen "recomendaciones de rebajar los criterios subjetivos en el PCAP en aras de una mayor transparencia y acercamiento a los estándares modernos de compliance en contratación pública, recomendados por la UE. Fue en la fase de valoración subjetiva cuando se excluyeron a varias empresas que luego recurrieron al TACRC y éste les otorgó la razón".
En este sentido, Alcolea asegura que ella ha sido quién ha propuesto hacer un nuevo pliego, ya que "esta concejal no es quien decide unilateralmente el futuro de los próximos 10 años de un servicio tan esencial como el de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, por tanto, será el Equipo de Gobierno y el Pleno municipal quienes tomen la decisión final y que yo acataré".
Todo un correctivo hacia el alcalde Jesús Villar, que parece que quiere culparle de intentar aprobar el pliego antiguo frente al nuevo. Y es que en cualquier caso el Ayuntamiento no podrá aprobar el servicio de forma normal como mínimo hasta dentro de año y medio, cuando a lo mejor el PSOE ya no está en el Gobierno municipal.