El proceso de oposiciones a la Policía Local convocado por el Ayuntamiento de Alicante, que ha suscitado la apertura de un expediente informativo para esclarecer si pudo existir una supuesta práctica de nepotismo, reunió a 281 candidatos en el primero de los exámenes, frente a los más de 1.500 que se inscribieron inicialmente.
Así lo han apuntado a Efe fuentes municipales, que han señalado que solo 914 de los registrados presentaron el certificado médico correspondiente para participar en las pruebas y que, de ellos, se redujeron a 573 los que también aportaron el test psicotécnico requerido, cuya corrección estaría automatizada.
Las mismas fuentes añaden que de esos 281 aspirantes que sí se presentaron al primer examen, acabaron aprobando 144 para optar a las 92 plazas incluidas en la convocatoria.
Entre el total de los aspirantes, 104 ya ejercían como interinos, y 53 de ellos lograron aprobar, lo que equivaldría a un porcentaje del 50,9 %, según las mismas fuentes.
Por último, las mismas fuentes señalan que, según las primeras estimaciones, 57 de los aspirantes eran hijos de agentes y que aprobaron 25 para el total de 92 plazas del proceso.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Recursos Humanos, mantiene abierto un expediente de averiguación interno para revisar el proceso, según avanzó este lunes el alcalde, Luis Barcala.
La apertura de esa investigación se anunció después de que Radio Alicante avanzara que cerca de dos tercios de los aspirantes aprobados guardaban alguna relación familiar con mandos policiales, con otros agentes, con concejales y expolíticos, con representantes sindicales o con responsables de empresas vinculadas con el Ayuntamiento por la prestación de determinados servicios.
Reacción del Consell
Por su parte, la consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, solicitó este lunes al ayuntamiento de Alicante que abriera una investigación en torno a las posibles irregularidades en torno a las oposiciones a la policía local y que dé cuenta de todo el procedimiento seguido, desde la tipología de las preguntas a los listados de aprobados y suspensos.
En una visita al centro temporal de acogida de ucranianos en el recinto Ciudad de la Luz de Alicante, Bravo afirmó que es responsabilidad del consistorio ese proceso selectivo aunque es competencia de la Generalitat fijar las bases y, además, la Administración autonómica también tiene representantes en el órgano técnico.
"Nos ha preocupado mucho" lo conocido, según la consellera, quien ha continuado que por eso se ha pedido al ayuntamiento "una investigación e información sobre todo el procedimiento".
Bravo ha enfatizado que en las oposiciones hay que ser "transparentes y rigurosos" bajo los principios de "mérito y capacidad" en un proceso de selección para "puestos tan importantes como defender y trabajar en el servicio público como policía local".
Ha continuado, a este respecto, que es "totalmente inadmisible que tuviéramos la más mínima sospecha de que estas pruebas no miden las capacidades, el mérito y la profesionalidad de quien tiene que realizar una labor tan importante al servicio de la ciudadanía".
Las declaraciones de la consellera se producen en la misma jornada en la que el ayuntamiento de Alicante ha anunciado que encargará una investigación "para esclarecer hasta las últimas consecuencias" las posibles irregularidades en las oposiciones para la policía local, tras denuncias públicas anónimas de algunos candidatos que señalan que más de 60 de los 92 aspirantes finales a entrar en el organismo tienen "relación directa" con agentes de policía, políticos, empresas contratistas o sindicatos.