La Audiencia Provincial prevé juzgar desde este lunes a dos exconcejales del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, ambos del PP, por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos para el montaje de escenarios e infraestructuras con motivo de la celebración de actos culturales o festivos.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que los dos exregidores del PP -que desempeñaron responsabilidades de gobierno bajo los mandatos de los exalcaldes populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo- participaron en una supuesta trama orquestada para favorecer siempre a la misma empresa: Isjoma, hoy extinguida.

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Les acusa de hacerlo mediante la concesión de contratos menores por el suministro de equipamientos y el montaje y desmontaje de escenarios, así como por la colocación y retirada de sillas. Y todo pese a que, según sostiene la acusación pública, esos encargos superaban el límite cuantitativo establecido para seguir este trámite.

Además, esos encargos presuntamente fraccionados se mantuvieron incluso después de que la misma empresa resultase adjudicataria de la contrata concertada por el Ayuntamiento para asegurarse la prestación del servicio.

Con ello, presuntamente se conseguía eludir los procedimientos y las adjudicaciones legales de manera reiterada en el periodo comprendido entre 2003 y 2009. Además, la fiscalía sostiene que los encargos de esos materiales y suministros se producían a precios superiores a los de mercado.

Para Andrés Llorens, que entonces ejercía como concejal responsable del área de Atención Urbana, se solicitan tres años de prisión al considerarle responsable de un delito de prevaricación, en concurso con un delito continuado de fraude a la administración, y para Zaragoza, que desempeñaba las competencias de Comercio, pide un año de privación de libertad.

La causa se sigue también contra el funcionario que ejercía como jefe de Talleres, para el que demanda dos años de cárcel, y contra el representante de Isjoma, para el que solicita un año y seis meses de internamiento.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por una empresa que se sintió perjudicada por las adjudicaciones y presentó denuncia en Fiscalía, reclama cuatro años de prisión para Llorens y dos para Zaragoza, mientras que las defensas del conjunto de los procesados solicitan la absolución de todos ellos al negar la existencia de delito.

El juicio está programado en ocho sesiones que se desarrollarán a lo largo de las dos próximas semanas y en la primera sesión, de este lunes, está previsto que se planteen las cuestiones previas y que se pueda practicar la declaración de los acusados.