Nuevas tensiones se ciernen sobre el equipo del alcalde socialista de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar. Y de nuevo desde el sector crítico de la formación política liderado por la concejal de Servicios Urbanos, Pilar Alcolea, que compitió en las primarias contra la delfín del primer edil, Asunción París. La edil ya contradijo públicamente alcalde sobre el contrato de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria.
Villar, dentro de sus competencias, ha reducido las Alcolea por decreto, quitándole las delegaciones y atribuciones de la "Publicidad y propaganda de la recogida de residuos" y "otros gastos diversos de la limpieza viaria". Se trata de cantidades no muy significativas, pero que revelan la falta de entendimiento de Villar con parte de sus concejales.
El servicio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria lleva caducado desde tres años (desde junio de 2020). Cuando se redactó un nuevo pliego y se sacó a exposición pública, fue anulado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Así, cada mes hay que pagar el servicio, así como una revisión de precios que obliga la ley. En el pleno ordinario de noviembre se debate una nueva prórroga forzosa del servicio.
El nuevo contrato ascendía a 48 millones de euros pero al ser anulado por el tribunal, no se ha redactado uno nuevo. Alcolea ya advirtió públicamente al alcalde que había un "desfase de la contabilidad analítica del contrato, con costes actuales de medios materiales y maquinaria desfasados con respecto a los que figuran en los pliegos, que datan de 2019. En algunos importes unitarios los aumentos de precios oscilan entre el 20 y 30%".
Mientras tanto, la antigua concesionaria, Cespa, viene reclamando al Ayuntamiento más de 1,5 millones de euros en los tribunales por la no actualización de los precios de mercado de los servicios prestados. De hecho, Alcolea aseguró que no se habían contemplado"la subida del IPC ni en los medios materiales y maquinaria, ni en los costes salariales de las plantillas".
En el duro comunicado de primavera, la concejal en contra de lo manifestado por el alcalde, aseguró que ella había sido quién ha propuesto hacer un nuevo pliego, ya que "esta concejal no es quien decide unilateralmente el futuro de los próximos 10 años de un servicio tan esencial como el de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, por tanto, será el equipo de Gobierno y el Pleno municipal quienes tomen la decisión final y que yo acataré".