"La ley es un bodrio que está permitiendo salir a la calle y reducir sus condenas a pederastas y violadores", afirma el alcalde de Alicante, Luis Barcala sobre la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 

El equipo de gobierno municipal, integrado por los grupos Popular y Ciudadanos, han presentado al Pleno municipal de este jueves una declaración institucional por la que instan al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España a que de manera inmediata revisen la ley del sí es sí, que han provocado que agresores sexuales vean reducidas sus penas e incluso sean excarcelados. Además, reclaman respeto al Poder Judicial y exigen la dimisión de su promotora, la ministra Irene Montero.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha expresado con contundencia al respecto al hilo de esta declaración institucional. "¿Están más seguras las mujeres y niñas que lo estaban antes? No. Y lo sabían en el Gobierno, sabían que iba a pasar esto, porque omitieron los informes que lo advertías. Los que venían a proteger a las mujeres han terminado siendo los que protegen a violadores y pederastas", ha subrayado el primer edil.

Respeto a los jueces

En la declaración institucional, se solicita que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante exprese también su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual “Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección” ha resaltado el alcalde, Luis Barcala.

El alcalde de Alicante también ha advertido también que “esta ley puede producir un efecto llamada en los delitos sexuales”, al tiempo que ha lamentado el ataque que están recibiendo algunos miembros del Poder Judicial por miembros del Gobierno cuestionando su forma de aplicar la ley, en lugar de reconocer los defectos en su confección y la falta de previsión para su implantación con una disposición transitoria como es habitual cuando una ley modifica el Código Penal.

Montero, dimisión

Es por ello, que los firmantes de la declaración institucional instan también al Pleno a reprobar a la ministra Irene Montero por sus gravísimas declaraciones al tiempo que reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome cuantas medidas sean necesaria ante eta situación de forma inmediata.

“El Gobierno ha hecho un daño irreparable que no tiene vuelta atrás, ya que exigiría tramitar una nueva lo que implica cinco meses rebajando condenas y saliendo violadores a las calles”, ha subrayado el primer edil.

En Alicante

La Audiencia de Alicante ha empezado a recibir las primeras peticiones de revisión de condenas (por ahora dos) a la baja, por delitos contra la libertad sexual tras la entrada en vigor de la Ley impulsada por el Gobierno Central y lo que es peor todavía, se espera un aluvión de peticiones más. Los magistrados estudian el caso de un monitor encarcelado por violar a una compañera y el de otro condenado por agredir sexualmente a una chica a la salida de una discoteca.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por su lado, está en estos momentos revisando un total de 25 condenas por agresiones sexuales en la Comunidad. Dado que en Alicante fueron condenadas solo durante el pasado año 143 personas por delitos sexuales, se da por hecho que a lo largo de las próximas semanas se reciban muchas más peticiones de revisión de sentencias.

El objetivo de esta Ley debe ser la de proteger a las víctimas y más tratándose de estas situaciones tan graves y no la de rebajar las penas de los agresores sexuales o redactar y aprobar una ley que les permita incluso salir a la calle y volver a encontrarse con sus victimas. “El objetivo de esta ley debe ser protegerlas, no desprotegerlas sacando a la calle a aquellos que las atacaron o agredieron, causando así una grave inseguridad para las victimas y para la sociedad en general, ya que, como todos conocemos, aquellos agresores que haya sido excarcelados o lo vayan a ser con motivo de esta ley, no podrán volver a la cárcel por mucho que cambien la ley a no se que vuelvan a cometer otro delito, pero no por el ya cometido” ha explicado Barcala.

“Es, tristemente, una situación que no tiene vuelta atrás. Por lo que deben de actuar cuanto antes desde el Gobierno de España para solucionar esta grave situación. Al final, los que supuestamente venían a proteger a las mujeres (como si antes de que existiese Podemos no se contemplase en el Código Penal los delitos sexuales) han acabado protegiendo y favoreciendo a los que cometen estos delitos”, concluye el alcade.