Hace 149 años, la ciudad de Alicante disfrutaba de la tercera refinería de petróleo de España. Esa gigantesca infraestructura se mantiene siglo y medio después escondida a los ojos de una sociedad que no conoce esta catedral de la energía que está excavada en la Serra Grossa. Desde su papel fundamental en la Guerra Civil hasta el abandono actual hay un camino en el que queda por saber si interesa recuperarla.

Y esa es la pregunta que lanzará este jueves al pleno del Ayuntamiento. El portavoz de Compromís Rafa Mas dirá entonces: "¿Cuándo va el Ayuntamiento de Alicante a remitir la documentación exigida por el Gobierno Central para lograr la cesión definitiva de La Británica al Ayuntamiento?".

El Consell Valencià de Cultura recogía en 2019 un informe dirigido por Begoña Martínez Deltell con la historia que rodea a estas instalaciones y por qué aún se está dando vueltas a este tema. Ahí recogen el trabajo de la historiadora del arte Inmaculada Aguilar que señala el paso de la expropiación en 1929 de esta fábrica por parte de Campsa a la Marca El León. Un enorme recinto que cuenta con una red de tres

galerías principales con depósitos a ambos lados con capacidad para dos mil metros cúbicos cada uno y siete secundarias de quinientos m³.

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La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Campsa, que se encargaba de gestionar los recursos petrolíferos en España desapareció en 1993, pero mucho antes había dejado de funcionar en Alicante La Británica. En 1966 empezaron a funcionar las instalaciones de esta compañía en el Puerto y con ello se dejó de producir y distribuir el combustible en el interior de una montaña que se quedaba hueca.

Han pasado casi seis décadas desde que cesara la actividad en esta parcela de 71.246 metros cuadrados que pasa a formar parte del Patrimonio del Estado. Pero esta Administración no ha hecho nada durante décadas con ella. Por eso Mas echa la vista atrás y reivindica el trabajo hecho en el tripartito, cuando "tuvimos el área de memoria histórica e hicimos tres cosas: armar el expediente, sumar a toda la oposición y que todos los partidos de Las Cortes se sumaran a esta petición para que fuera de Alicante".

Mas atribuye al diputado Ignasi Candela el logro de la negociación con el Gobierno para que esta propiedad se traspase. Una petición que realizaba el propio CVC al señalar "que las administraciones deberían iniciar las actuaciones pertinentes con el objetivo de plantearse un proyecto que ponga las bases para un destino abierto a la ciudadanía". En esta última década así se ha pensado por parte de los diferentes políticos que han pasado al frente del equipo de Gobierno, siempre con el reto de asumir el coste de transformación.

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El portavoz de Compromís critica que Adrián Santos, parte del equipo de Gobierno municipal por parte de Ciudadanos en el área de Urbanismo en el mandato anterior, les respondiera "que estaba pendiente de la cesión del Gobierno". Así que desde la formación local se pidió a los diputados en el Congreso que preguntaran directamente al Ejecutivo.

Y así supieron por Carles Mulet en 2022 que Madrid el 16 de julio de 2021 estaba "a la espera de recibir el informe sobre la calificación urbanística del inmueble y la certificación acreditativa de disponibilidad de los medios necesarios para el cumplimiento de los fines previstos".

Tres años más tarde la situación apenas ha cambiado. "Hasta la fecha no se ha tenido respuesta del Ayuntamiento solicitante, por lo que no es posible hacer previsiones sobre la fecha de finalización del expediente", señala el Gobierno en respuesta a Alberto Ibáñez.

En este largo proceso también se ha sabido por un estudio de la Universidad de Alicante de 2017 que en estas instalaciones se ha encontrado alto contenido de gas radón, que como señala este informe, es un elemento químico radiactivo perjudicial según la Organización Mundial de la Salud. Las instalaciones siguen y seguirán cerradas al público.