27 de 27. Esos son los datos de ginecólogos del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante que tienen motivos morales que les impiden realizar abortos en el centro público. La sorprendente estadística de objetores de conciencia hace que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo sean derivadas a una clínica privada, no cumpliendo con la obligación de la Administración de garantizar el proceso en uno público.

La Conselleria de Sanidad indica que no puede confirmar ni desmentir esos datos ante la consulta realizada por este diario al ser un asunto "confidencial". Pero Compromís asegura que esto es así debido a las respuestas dadas en Les Corts ante las preguntas de la diputada Mónica Álvaro.

La concejala de la formación en Alicante, Sara Llobell, añade que "debería haber un registro que aún no han presentado" y que en el Hospital de Villajoyosa sucede la misma negativa a realizar la interrupción del embarazo por parte de su servicio de ginecología. 

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La formación es la que más está denunciando lo que consideran, en palabras de la edil, "una discriminación hacia las mujeres de Alicante respecto a las de otras poblaciones, porque no tenemos garantizado el derecho al aborto en un centro sanitario público".

Llobell explica que la circunstancia está ocasionando dos consecuencias negativas. "Supone un incremento del coste para la Sanidad, que sí o sí va a pagar por esa derivación". La segunda tiene que ver con la mujer embarazada, que verá demorado su tiempo de espera en un proceso que "puede ser traumático dependiendo de las condiciones personales". La regidora opina que los objetores están en todo su derecho, pero puntualiza que es ahí donde la Administración debería entrar para garantizar un balance en el servicio. 

Lo que debería ser una excepción se convierte en la norma en la Comunitat Valenciana, donde las clínicas privadas acreditadas practicaron el 91 % de los 7.937 abortos registrados frente al 8,6 % que se hicieron en centros públicos, según fuentes sanitarias con datos del 2022.

La situación en España

En España la tendencia sigue el mismo camino, con solo tres comunidades autónomas (Cantabria, Baleares y Cataluña) en las que las intervenciones en centros públicos superaron a las de los privados en el mismo periodo.

Y aunque la ley establece los hospitales públicos como centro de referencia, el informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en España durante el año 2021 publicado por el Ministerio de Sanidad muestra un panorama opuesto en el que en ese año solo se cumplió en el 15,6 % de los casos.

La concejala lamenta que estamos en un momento en el que todos los derechos alcanzados por el feminismo se están viendo "cuanto menos cuestionados por parte de la derecha y la ultraderecha". 

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La ciudad de Alicante ha sido objeto de críticas en los últimos meses por la creación de la "Oficina de asistencia para la maternidad" por parte del PP y Vox. Aunque el fin oficial del espacio es ayudar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, desde la oposición y movimientos feministas la han denominado como una iniciativa "antiabortista". 

Compromís critica el organismo que quieren poner el Partido Popular y Vox derivado del pacto que han hecho para aprobar los presupuestos por tener un fin "encubierto". "Es en estos casos cuando verdaderamente el derecho al aborto se ve amenazado por todos los lados. No podemos permitir que intenten manipular o coaccionar a las mujeres alicantinas para que sigan con su embarazo", resalta.

"Si una mujer que está en una situación vulnerable decide continuar el embarazo, la solución no es coaccionarla, es que tenga las condiciones económicas y sociales para que pueda llevarlo a cabo", añade. Sara Llobell apuesta por crear un entorno favorable para que quien quiera ser madre lo sea sin tener que verse obligada a abortar por no saber si va a poder tener una vivienda donde criar a su hijo.

Concentraciones contra el aborto

La ley establece que la Administración pública tiene la función de velar por la solicitante para evitar que existan prácticas que alteren su voluntad, tanto si quiere abortar como si quiere continuar con su gestación.

La normativa también se está vulnerando en la provincia con episodios como el protagonizado por una concejala de Vox de Elche en la Plaça de Baix con una concentración contra los abortos y las constantes protestas de mujeres con carteles enfrente de clínicas de Alicante.

Desde Compromís ya exigieron al Gobierno "medidas contundentes y ejemplificantes" contra el obispo Munilla de la Diócesis Orihuela-Alicante por participar en la campaña '40 Días por la Vida' y orar ante una clínica abortiva en 2022. Conducta que tacharon de presuntamente delictiva por acosar en un centro sanitario.

El último incidente sobre este tema fue esta misma semana con "un acto organizado por el Ayuntamiento de València que en principio iba a ser feminista, pero que resultó ser un adoctrinamiento a una clase de cuarto de la ESO en el que se decía que el aborto era un asesinato", sentencia Llobet.