La violencia económica y el machismo a debate en Alicante: ¿por qué es importante y no la conoces?

"La violencia económica de género es una forma de control, de sumisión, que se utiliza para estrangular económicamente a las mujeres, a sus hijas y sus hijos". Con este concepto la jueza Lucía Avilés, una de las candidatas a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, arranca en la ciudad de Alicante los cursos de verano de la UA. 

El concepto que presenta Avilés aún no forma parte del ordenamiento jurídico en España, como puntualiza, pero el debate sobre el mismo se plantea para ayudar a magistrados como ella a enfrentarse a las duras situaciones que se viven en los juzgados de violencia de género. Planteamientos que sin conceptos definidos no se saben reconocer.

"Está muy relacionada con la violencia psicológica, pero hay que separarla porque tiene diferentes raíces, diferentes consecuencias", razona en esta entrevista con EL ESPAÑOL tras su charla en el Colegio de la Abogacía de Alicante. "Y sobre todo hay una cosa que es clave y es que la violencia económica se puede ejercer sin ningún tipo de contacto con la víctima", añade.

¿Y cómo se puede conseguir? Los ejemplos que desgrana son muchos. El impago de las pensiones es el más popular de ellos, pero en ella engloba también control de los negocios familiares, dañar bienes familiares o contratación de prestamos a nombre la víćtima. Son la forma que buscan de "lograr un dependencia económica de la víctima hacia el victimario para impedirle salir del ciclo de la violencia".

Avilés puntualiza que la "violencia económica, el abuso financiero o abuso económico, que también se utilizan estos términos en otros ordenamientos jurídicos, para que pueda ser catalogada como violencia económica de género es necesario que cumpla una serie de estándares, de requisitos, tiene que tener un carácter reiterado, injustificado, se tiene que sostener en el tiempo de tal manera que los daños que provoque sean daños perdurables".

La magistrada remarca esas palabras porque "si todo es violencia, nada es violencia". Un razonamiento que realiza porque "no podemos estar pensando: 'bueno, claro, pues es que mi pareja se ocupa de controlar los ingresos, gastos en casa, eso es violencia económica'. No, cuando eso es llevado al extremo de una manera injustificada, reiterada y con la finalidad de someter y de controlar a la víctima entonces sí, sí abrimos la puerta a la violencia económica".

E insiste en la gravedad del impacto que tiene porque "hay una realidad social en la que se ve que existen familias, mujeres, niñas, niños, que están afectados por violencia económica, que esta dependencia económica les cercena, les coarta su proyecto vital, que merma su calidad de vida". De ahí que señale que "son estas situaciones a las que hay que atender y, sobre todo, tener en cuenta que se ejerce dentro de ese contexto de sumisión y de control".

Como recuerda, la violencia económica aún no está regulada aún en el ordenamiento jurídico español, aunque está el convenio internacional de Estambul y una primera normativa europea que lo aborda. Pero, como explica, "la violencia desafortunadamente no se comporta como compartimentos estancos". Y ahí subraya que "normalmente cuando una víctima viene a denunciar algo te cuenta muchas cosas y hay muchas pinceladas de violencia económica".