Alicante está de enhorabuena porque la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) ha publicado una nueva edición de su Índice de Libertad Económica en las Ciudades Españolas (ILECE), y coloca a la ciudad en primer puesto, con una puntuación de 68,54 y una situación de libertad económica 'satisfactoria'.

El índice, que han elaborado Santiago Calvo y Juan Pina, destaca en segundo lugar a otra ciudad valenciana, Castellón de la Plana (67,82 p); en tercer lugar, Santa Cruz de Tenerife (67,48); y en séptimo lugar, otra ciudad de la Comunitat Valenciana, Elche (62,83p). La capital española no aparece hasta el puesto número 45 con una situación de libertad económica 'deficiente' y una puntuación de 44,80. Al final del ranking, Barcelona (37,84) y Marbella (37,40) ambas con un 'deficiente'. 

Fundalib incluye hasta cuatro categorías de estudio, en las que se tienen en cuenta variables como la plantilla de empleados dependientes del gobierno local, el presupuesto municipal, el aparato empresarial dependente de cada ayuntamiento, así como el peso de los impuestos o las multas y sanciones.

Alicante lidera el ranking

ILECE 2024 coloca a la ciudad de Alicante en el primer puesto, y esto es lo que dice de ella: "El desempeño de Alicante es espectacular en el marco de las cincuenta mayores ciudades, creciendo de forma sostenida durante los siete años de la serie analizada y ocupando siempre la primera o segunda posición".

"En el caso de Alicante, como en el de las otras ciudades que conforman el 'pelotón de cabeza' del ILECE, prácticamente todos los indicadores presentan buenos datos". ILECE destaca la contención de la carga fiscal, sobre todo en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al que hacen responsable de la "subida experimentada y, con ella, de la recuperación del liderato".

Líneas de trabajo

La Fundación da algunos consejos o ideas sobre como los ayuntamientos podrían mejorar su situación económica. Entre ellos, amortizar con mayor celeridad la deuda local, con la meta de llegar a cero en el horizonte de una legislatura.

En segundo lugar, menciona reducir el gasto municipal y contener los costes salariales. Recortar o eliminar las partidas de subvenciones, así como dejar los impuestos y tasas municipales en su mínimo legal y eliminar aquellas que no sean necesarias.

Por otro lado, habla de poner en manos de empresas externads los servicios esenciales, así como fijar la prestación empresarial de los mismos a través de licitaciones que incentiven la competencia.

Por último, menciona el cierre o la venta de empresas y entes públicos y fin de la injerencia en procesos productivos propios del tejido local.