El Casco Antiguo de Alicante sigue siendo un punto crítico en la batalla por reducir la contaminación acústica. Joaquín Gangoso Ribes, presidente de la asociación de vecinos Laderas del Benacantil, lleva años luchando por encontrar un equilibrio entre el ocio nocturno y el derecho al descanso.
Según explica, aunque se han logrado ciertos avances gracias a la visibilidad mediática del problema, las soluciones siguen siendo insuficientes.
Joaquín lamenta que, a pesar de años de denuncias formales y reuniones, solo la repercusión mediática ha logrado mover a las administraciones.
"Puedes poner 500 denuncias por registro o contar con informes del Defensor del Pueblo, pero hasta que no sale en portada de un periódico, no actúan. Es frustrante, pero es así", señala.
En este contexto, la asociación ha optado por un enfoque diferente al de la anterior directiva, más centrado en las manifestaciones.
"Decidimos dialogar y visibilizar el problema de manera constructiva, aunque también hemos tenido que lidiar con comentarios desafortunados, como cuando alguien justificaba el ruido diciendo: 'Sabías dónde te mudabas'".
Una normativa que no llega
En 2023, se anunció una nueva normativa de contaminación acústica en Alicante, pero su aplicación aún está pendiente. "Se prometieron medidas como la reducción de horarios, pero seguimos esperando".
Cada mes de retraso genera más frustración. "Cuando no puedes dormir de martes a jueves por el ruido, el tiempo se percibe de otra manera", añade Joaquín.
El problema es especialmente agudo en ciertas zonas del casco antiguo donde los pubs dominan la actividad comercial. "En algunas calles, no hay restaurantes ni negocios diversos, solo pubs. La normativa actual les permite abrir hasta las 4:30 en verano. Eso es insostenible", explica.
"No estamos en contra del ocio nocturno, pero debe ser regulado. Queremos descansar", afirma.
Joaquín recalca que los vecinos no piden la eliminación del ocio nocturno, sino su regulación. "Nos gustaría más diversidad de negocios. No tiene sentido que los pubs puedan abrir hasta las 4 entre semana, cuando hay gente que necesita descansar para ir a trabajar. El problema no es de los empresarios, sino de una normativa que permite estas situaciones", opina.
La situación también tiene un impacto económico negativo. "Dueños de apartamentos turísticos en la zona han sufrido por las malas reseñas de los huéspedes, que se quejan del ruido", relata.
Ansiedad y desesperación
El ruido no solo afecta el descanso, sino también la salud mental. "Hay vecinos que sufren ataques de ansiedad porque saben que no podrán dormir. Algunos ya han abandonado la zona porque no podían más. Esto no es calidad de vida", dice Joaquín.
Para los vecinos, la reducción de horarios es solo el primer paso. "No se trata de acabar con los pubs, sino de buscar un equilibrio. Queremos que el casco antiguo sea un lugar donde convivir sea posible, con diversidad de negocios y respeto por las normativas", concluye.
Antes de 2025
Uno de los cambios más destacados es la modificación del artículo 52, relacionado con la ocupación de espacios con mesas y sillas. Se permitirá instalar pantallas de imagen sin sonido en el interior de los locales con destino al exterior, pero solo entre las 08:00 y las 00:00 horas.
Esta medida responde a las solicitudes de asociaciones vecinales del Centro Tradicional, Gran Vía Sur-Puerto y Fontcalent, además de un particular, para evitar el ruido generado por retransmisiones en veladores.
Asimismo, se añade un nuevo párrafo al artículo 33.2, que prohíbe actividades ruidosas en viviendas, como fiestas, juegos o reparaciones, especialmente entre las 22:00 y las 08:00 horas, si superan los límites acústicos permitidos. Esta disposición aplica tanto en horario diurno como nocturno todos los días de la semana.
Otros cambios incluyen la eliminación de los artículos 40.3 y 53.2. El primero, sobre el aislamiento acústico en locales cerrados, se suprime por estar ya regulado en normativa superior. El segundo, que exigía autorización expresa para actividades en playas, se elimina por exceder el ámbito de la ordenanza.
Finalmente, las sanciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. Las infracciones leves tendrán multas de hasta 600 euros; las graves, de 601 a 12.000 euros, con posible suspensión de licencias por hasta un año; y las muy graves, de 12.001 a 300.000 euros, incluyendo la retirada definitiva de autorizaciones.