El Ayuntamiento de Alicante reconoce la licencia ambiental solicitada de una empresa para la instalación de depósitos de combustibles y carburantes en el Puerto de Alicante tras perder una disputa legal. Pero advierte que "plantarán batalla" y que la mercantil tendrá que cumplir con todas las autorizaciones antes de su puesta en marcha.
El consistorio llevaba solicitando documentación a la empresa XC Business 90, SL, desde el año 2013 en contra de la ley, por lo que la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le ha obligado a reconocer la licencia.
No obstante, recuerdan a la mercantil de que antes del inicio y funcionamiento de la actividad, la explotación deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos en las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000, "debiendo haber obtenido las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos de los órganos autonómicos competentes".
La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, explica que este decreto de reconocimiento de obtención de la licencia ambiental solicitada, por silencio administrativo, "no supone en ningún caso que la empresa pueda instalar los depósitos en el Puerto de Alicante".
El Ayuntamiento mantiene su postura en contra de los depósitos y asegura que seguirán "plantando batalla desde todos los frentes posibles, incluido el judicial, para evitar que este proyecto llegue a ser una realidad".
Una batalla en la que tiene como aliada a la Autoridad Portuaria de Alicante, que ha establecido con el Ayuntamiento un frente común de rechazo a esta iniciativa privada.
La guerra judicial se trasladará al Tribunal Constitucional, donde el Ayuntamiento elevará un recurso de amparo, por entender, como ya planteó en su recurso de casación ante el TSJCV, que este tribunal no tuvo en cuenta en su sentencia la inconstitucionalidad del artículo de la ley autonómica que establecía dicho silencio positivo en licencias ambientales, decretada en 2022.
En lo urbanístico, el plan de instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos no supone "ningún obstáculo urbanístico", señalaron entonces, pues el propio Ayuntamiento, concretamente su Departamento de Inspección y Control Técnico, consideró apto el emplazamiento de la actividad en un informe de 2014, y en otro de 2015 resolvió que el proyecto se ajustaba a la normativa prevista para la zona.