El comercio de Benidorm rechaza la propuesta de "obligar por ley" a atender en valenciano

"Empresas privadas y no cortijos" de los políticos. Así expresan cinco asociaciones patronales del sector turístico de Benidorm el rechazo ante la propuesta de Compromís de "obligar por ley a los establecimientos comerciales a atender en valenciano".

El comunicado que recoge Efe de Abreca, Cobreca, Aico, Aptur-CV y Jovempa llega en respuesta al anuncio en Les Corts de la diputada Mònica Álvaro esta semana. En la propuesta de la representante de Compromís por Castellón, se demanda el inicio de las reformas legales necesarias para hacer efectivo el derecho de poder atender en valenciano o en castellano las actuaciones de los consumidores en los comercios de la Comunidad Valenciana.

Estos representantes del sector turístico de Benidorm expresan su preocupación ante la propuesta de Compromís porque consideran que estas actuaciones se deben realizar "sin imposiciones". Para que así cada establecimiento "atienda en los idiomas que crea convenientes según el cliente al que quiera intentar vender su producto/servicio", puesto que "el cliente puede establecer, como barrera de entrada, la lengua con la que quiere que se le atienda".

El razonamiento de estas patronales se basa también en que "la gran mayoría de nuestros clientes son extranjeros y personas provenientes del resto de España". Un público que, como añaden, "vuelven cada vez más porque les ofrecemos un servicio muy personal de alta calidad".

La propuesta

El proyecto de Álvaro considera que actualmente hay "unas limitaciones a la hora de hacer efectivos los derechos lingüísticos" que se especifican en el artículo 8.1 del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana de 2019. Esto se debería, en su opinión, a "una redacción demasiado genérica, que no especifica qué supuestos concretos serían considerados como vulneración de los derechos lingüísticos de expresarse en valenciano o castellano".

Álvaro señala "que es necesario modificar este decreto ampliando la redacción del artículo 8.1". Aunque ahí no especifica de qué forma se debería de hacer, sí que añade que sería "mejorando los aspectos de la ley que no están clarificados para garantizar de esta manera los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias". 

Imposición "artificial"

El comunicado conjunto de estas fuentes insiste en que "no debería haber ningún problema o fricción si cada parte elige en libertad dentro del mercado de productos/servicios que se ofrecen en Comunidad Valenciana". "Todo lo demás es una imposición artificial y retrógrada por parte de la Administración publica", han insistido las organizaciones empresariales de Benidorm.

En este sentido, el discurso de Abreca, Cobreca, Aico, Aptur-CV y Jovempa puntualiza que "el valenciano es un idioma importante para la cultura de nuestra región, pero la economía de la Comunidad Valenciana se basa en la industria turística que representa una parte importante de su PIB".