Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Benidorm han detenido a una fugitiva de nacionalidad rusa de 57 años de edad buscada por las autoridades de su país y sobre la cual pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por Interpol desde el mes de diciembre del pasado año.
Según versa la orden de detención en cuanto al motivo por el que es reclamada en su país, la fugitiva, actuando como empresaria individual, estableció en el año 2011 un contrato de agencia con una compañía de seguros conocida de su país, según el cual, debía formalizar contratos de seguro con personas físicas y jurídicas para esta aseguradora a cambio de una remuneración.
Durante los siguientes tres años, la arrestada concluyó un total de 42.243 contratos en virtud de los cuales recibió más de un millón cuatrocientos mil euros en primas, perteneciéndole una comisión por ello de algo más de ciento sesenta mil euros, debiendo transferir el resto a la compañía de seguros. Sin embargo, no llegó a transferir esta suma a la empresa, apropiándose indebidamente del dinero.
Las pesquisas policiales de las autoridades rusas dieron como resultado que la fugitiva había salido del país en el mes de enero de 2020 en un vuelo a España, concretamente un vuelo con destino al aeropuerto de Alicante, perdiendo su rastro tras ello, difundiendo una orden de detención para extradición sobre el mes de agosto del año 2021.
Finalmente, la presunta autora de la estafa fue localizada en un hotel de la localidad alicantina junto con un varón de nacionalidad española, natural de una localidad de la provincia, quien presuntamente no tenía nada que ver con la ilícita actividad por la que era buscada. Según parece, la afición por viajar de la arrestada, hizo que eligiera la provincia de Alicante como destino idílico para afincarse, donde algunos de estos fugitivos pretenden evadirse de la acción de la justicia de sus países mientras disfrutan de la propicia calidad de vida que la provincia ofrece, además de por ser una provincia que cuenta con una importante colonia de ciudadanos rusos.
Tras conseguir identificarla los agentes, con plenas garantías de que se trataba de la persona sobre la que pesaba esta Orden Internacional de Detención, los agentes policiales la detuvieron dando cuenta de ello a través de la oficina de Interpol en Madrid a las autoridades del país reclamante.
La detenida, fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, encargado de llevar a cabo los trámites necesarios para el cumplimiento de esta requisitoria internacional. En su país se enfrenta a una pena máxima por apropiación indebida de 10 años de prisión.