Multa histórica a Benidorm de 283 millones de euros: el alcalde pide que sea "cuestión de Estado"

Multa por 283 millones de euros a Benidorm. Así sentencia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al Ayuntamiento en compensación por unos terrenos de la Serra Gelada. El alcalde Toni Pérez ya ha anunciado que se recurrirá y plantea que esta sea "una cuestión de Estado".

La sentencia recuerda que la emblemática sierra fue calificada como suelo urbano en 1963 y en el Proyecto de delimitación de suelo urbano hecho en 1982, donde se ordenaban las zonas X, Y, Z y la zona especial. Son los propietarios de estos terrenos, a través de las empresas Murcia Puchades Expansión y Urban Villajoyosa 2000, los que han conseguido el apoyo de la sección primera de la Sala de lo Contencioso que se ha hecho público este jueves.

Ambas compañías han logrado ahora que se reconozcan sus derechos en lo que es una larga batalla judicial por el cumplimiento de convenio urbanístico que se traduce en la compensación por los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos de su propiedad incluidos en el que se conoce como Sector APR-7. Una denominación que, como indica la sentencia, se creó en 1988 con el proyecto de revisión de PGOU y la denominación de Área de Planeamiento Remitido.

Esta histórica multa es la que tiene que afrontar ahora el Ayuntamiento de Benidorm. Y en rueda de prensa su alcalde, Toni Pérez, ha destacado que "no hablamos de una sentencia firme" y "cabe el recurso". Para ello, y ahí ha citado a los servicios jurídicos municipales, van a pedir "aclaración de sentencia y de los términos expuestos en la misma".

La histórica multa impuesta al Ayuntamiento es uno de los aspectos que más ha remarcado el alcalde en su intervención: "No conozco ninguna sentencia que, en cuantía económica, pueda infringir un golpe así a un Ayuntamiento". Para hacerse una idea, lo ha comparado con los presupuestos que tiene la ciudad, que no llegan a 140 millones de euros. "Si vamos a la cuantía cierta del presupuesto municipal y consideramos esos millones de intereses, estamos hablando de tres presupuestos municipales completos, exclusivos".

El cómo se afrontaría esto, en caso de que la sentencia pasara a ser firme, ha llevado a Pérez a plantear que "a lo mejor es una cuestión de Estado". "Si un ayuntamiento tiene que hacer frente a la adquisición de un suelo en el que, impidiendo la construcción, ofrecemos un espacio verde a tantos y tantos millones de personas que vienen a venir a ser felices, pues a lo mejor es una cuestión de Estado, ¿no?". Y ahí ha recordado que "hay administraciones que adquieren muchísimos suelos en muchísimos sitios para hacer muchísimas cosas".

Toni Pérez ha recalcado que en el Gobierno municipal a propósito de este caso "estamos convencidos de lo que hacemos". Eso sí, reconociendo que "cada parte, tendrá sus derechos". Con todo, ha reivindicado que "se ha construido una ciudad que es modélica en el uso del territorio, en la conservación, en la preservación, en el cuidado, en el mimo. Y ese es nuestro modelo".

En esa línea, ha subrayado que "hay un gobierno del Partido Popular que esos conceptos los tiene muy claros y los imprime en toda su acción y gestión". Por eso ha reiterado que "aquí hay un gobierno muy responsable, eficaz, que gestiona, trabaja y honesto, que se deja la piel en el servicio público y en la atención del interés general siempre". Con ello, ha concluido que con su mensaje quiere "dar un mensaje de tranquilidad" y "vamos a cumplir los plazos que el momento procesal impone, vamos a trabajar para seguir defendiendo el interés general de los benidormenses".

Cómo se ha llegado aquí 

La sentencia que se ha conocido este jueves da la razón a las empresas propietarias que habían recurrido una victoria previa del Ayuntamiento de Benidorm en los juzgados de Alicante. En 2022 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 falló a favor de la localidad y declaraba nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013.

¿Entonces no reciben compensación los propietarios del terreno? La sentencia del 24 de febrero de 2022, sostenía no obstante que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 600.000 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que efectivamente cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm.

El Ayuntamiento, como han explicado luego a través de un comunicado, decidió entonces iniciar el procedimiento para declarar la nulidad de esos convenios ya que esa sentencia les daba la razón. Ahora las empresas han encontrado en el TSJ el apoyo a su visión y, como ha confirmado el alcalde, la batalla legal continuará.