Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Benidorm han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para seguir litigando y evitar pagar los 283 millones de euros, más intereses, en concepto de indemnización por los aprovechamientos urbanísticos de unos terrenos en el sector APR-7 de Serra Gelada, a cuyo pago condena una sentencia anterior.

Con este recurso, presentado ayer, se pretende anular una resolución judicial dictada el pasado 23 de mayo por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que daba la razón a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, quienes reclamaban una indemnización en concepto de aprovechamiento urbanístico por unos terrenos de su propiedad ubicados en Serra Gelada que quedaron protegidos por un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) cuando el paraje fue declarado parque natural.

La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha recordado que la sentencia del TSJCV "es la primera contraria a los intereses del ayuntamiento", puesto que todas las anteriores "han resultado favorables a nuestros intereses", incluyendo el dictamen del Consell Juridic Consultiu.

[Multa histórica a Benidorm de 283 millones de euros: el alcalde pide que sea "cuestión de Estado"]

Por ello "hemos seguido la hoja de ruta marcada por los servicios jurídicos municipales para defender el interés general de Benidorm", ha dicho Caselles. El primer paso fue solicitar una aclaración de sentencia al TSJCV.

Los propietarios de los terrenos, que se hallan en pleno parque natural de Sierra Helada y están protegidos y afectados por un PORN, acusan al consistorio de incumplir un convenio urbanístico suscrito por ambas partes en 2003, 2010 y 2013.

En febrero de 2022, una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Alicante declaraba nulos los convenios urbanísticos suscritos con la familia Puchades y reducía la indemnización a pagar por el ayuntamiento a menos de 700.000 euros, que ya fueron abonados. Los dueños de los terrenos recurrieron al TSJCV, que les dio la razón y elevó la indemnización a 330 millones de euros. Ahora, el consistorio espera que el Supremo vuelva a fallar a su favor.

Multa histórica

La sentencia recuerda que la emblemática sierra fue calificada como suelo urbano en 1963 y en el Proyecto de delimitación de suelo urbano hecho en 1982, donde se ordenaban las zonas X, Y, Z y la zona especial. Son los propietarios de estos terrenos, a través de las empresas Murcia Puchades Expansión y Urban Villajoyosa 2000, los que han conseguido el apoyo de la sección primera de la Sala de lo Contencioso que se ha hecho público este jueves.

Ambas compañías han logrado ahora que se reconozcan sus derechos en lo que es una larga batalla judicial por el cumplimiento de convenio urbanístico que se traduce en la compensación por los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos de su propiedad incluidos en el que se conoce como Sector APR-7. Una denominación que, como indica la sentencia, se creó en 1988 con el proyecto de revisión de PGOU y la denominación de Área de Planeamiento Remitido.