Comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, Murcia, y otras gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, rechazan el proyecto de financiación universitaria de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) del Gobierno de Pedro Sánchez. También sindicatos y asociaciones de profesores, como ocurre en el caso de Cataluña. En este escenario la Generalitat Valenciana también ha mostrado su rechazo. A nadie parece convencer la propuesta de la ministra socialista valenciana Diana Morant de cargar a las administraciones autonómicas el peso del gasto universitario.
Morant se había propuesto desde que accedió al cargo el pasado mes de noviembre, sacar adelante esta nueva financiación del sistema universitario para alcanzar el compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030. pero por el momento no ha conseguido ningún tipo de consenso.
Desde la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo que dirige el popular alicantino José Antonio Rovira, muestran "su disconformidad con el plan del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para aplicar la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU)". Es más, exigen a la ministra Diana Morant que asuma la financiación necesaria para su aplicación.
El director general de Universidades, José Antonio Pérez, ha sido tajante tras la reunión que tuvo lugar ayer este jueves en el Ministerio junto a representantes del resto de comunidades autónomas para analizar el primer borrador para la estabilización de 4.200 nuevos profesores ayudantes doctores en los próximos cuatro años, necesarios para compensar la reducción de la dedicación docente que la LOSU impone a los profesores asociados.
En concreto, para la Comunitat Valenciana la adecuación de sus universidades públicas a las exigencias establecidas en la LOSU tendrá un coste estimado de 35 millones de euros. En este sentido, consideran esta propuesta "insuficiente, resulta parcial ya que solo se centra en la adecuación de la carga docente y la dedicación de los profesores asociados sin plantear soluciones al resto de cuestiones que demanda el cumplimiento de la norma estatal".
Sin previsión económica
"Reclamamos al Gobierno que asuma la financiación que supone adaptarnos a esta nueva norma. Las autonomías no tienen que asumir el coste de una ley estatal que se ha aprobado sin previsión económica" manifestó José Antonio Pérez.
En este sentido, el director general de Universidades señaló que "la ministra Diana Morant debe ser realista y no lanzar medidas sin ser consciente del coste económico que va a tener y cómo eso va a afectar a las diferentes comunidades. Además, en una primera reunión indicaron que la Administración central asumiría 2/3 partes del total y, en esta ocasión, se indica que el Ministerio solo asumirá las 2/3 partes durante la primera anualidad, recayendo en las comunidades autónomas el resto del coste en las siguientes anualidades".
"Es sorprendente que el Ministerio haya propuesto un sistema de reparto en el que el peso de la financiación para aplicar la ley recaiga en las comunidades autónomas" ha añadido Pérez.
Por otra parte, el director general ha señalado el descontento de los asistentes a esta reunión de trabajo ya que durante la sesión, cuando aún no habían intervenido todos los sectores implicados, se ha conocido la publicación de una nota de prensa desde el Ministerio dando por supuesto un acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio que ni se había tomado, ni la comisión de trabajo tenía capacidad para adoptar.
"Sin duda, esta filtración ha suscitado el desconcierto de los representantes de las comunidades autónomas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los propios sindicatos que, durante su intervención, habían expresado su disconformidad con la propuesta del Ministerio" añadió José Antonio Pérez.
Por último, el director general de Universidades lamentó "la falta de previsión, la improvisación y el escaso rigor del gabinete que dirige Diana Morant, que ha quedado de manifiesto al conocer los asistentes a la comisión de trabajo que las disposiciones transitorias que van a permitir dilatar la aplicación de una parte de la LOSU ya se habían mandado al Congreso, ya que se iban a realizar en el texto de la futura ley que regulará las enseñanzas artísticas y el plazo para la presentación de enmiendas a este texto legal concluye este mismo sábado".