La plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística (DLL) han emitido un comunicado valorando muy positivamente la nueva Ley de Libertad Educativa aprobada por el gobierno autonómico de Carlos Mazón (PP-Vox). Consideran que se trata de una "gran victoria" y "un golpe en la línea de flotación de las políticas identitarias" de pancatalanismo.

Desde la DLL se organizaron las grandes propuestas contra la Ley de Plurilingüismo aprobada por el gobierno Botánico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) que no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional pese a contradecir preceptos constitucionales y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, por la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

En este sentido, los profesores (muy numerosos en comarcas castellanohablantes de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón) de DLL aseguran que "esta ley es el primer freno y marcha atrás frente a la disgregación de España en comunidades cerradas y frente a la discriminación de los hispanohablantes por parte de los nacionalismos excluyentes".

También, que "supone la ruptura de la Comunidad Valenciana con el proyecto (muy avanzado) del gobierno del Botanic para la integración de nuestra comunidad en los siniestros e inexistentes países catalanes".

"Paradójicamente, la clave de todo en esta ley, probablemente, sea una casilla, una simple marca en la matrícula de cada alumno, donde pueda señalar cuál es su lengua materna o, para ser exactos, que los padres puedan elegir la lengua base, es decir, la lengua en la que quieren que sus hijos sean educados", añaden los profesores.

Los docentes explican que llevaban "mucho tiempo denunciando junto con otras asociaciones y particulares que cada vez se daban menos asignaturas en español, que se eliminaba de las comunicaciones internas o con los padres y que, en general, se procuraba su exclusión del espacio público".

Y en favor del bilingüismo verdadero, consideran que "esta ley pretende recuperar las comunicaciones en las dos lenguas propias de la Comunidad Valenciana, la rotulación en las dos lenguas, y la posibilidad de padres, alumnos y profesores de usar cualquiera de ellas hasta donde sea razonable".

La crítica

En cualquier caso, el comunicado de DLL también lamenta "las oportunidades perdidas para hacer algo mejor. Para empezar, la verdadera libertad de elección de lengua, porque hay que decirlo, los alumnos estarán obligados, con unos porcentajes variables en cada etapa, a dar casi la mitad de las horas en otras lenguas".

Por lo que afirman: "Esta ley no abandona el inadecuado modelo del plurilingüismo, que ya está en retroceso en otras comunidades autónomas. Siempre hemos defendido que la enseñanza de asignaturas vehiculadas en otra lengua distinta a la materna deber ser voluntaria, y nunca forzada, porque no a todos los alumnos les viene bien. Y esto no se cumple ni con el inglés, ni con el español, ni con el valenciano".

De este modo, en favor de la política de líneas que existía previamente al gobierno de Puig, señalan que "tampoco defendemos que se persista en la separación de la Comunidad Valenciana en zonas castellanohablantes y zonas valencianohablantes. La libertad de elección de lengua, es decir, la posibilidad de elegir entre una educación netamente en español, otra netamente en valenciano y tal vez una tercera línea mixta, hubiese permitido que todos los alumnos tuvieran las mismas oportunidades. Esperamos conseguirlo en el futuro".

Sobre la exención del valenciano en las zonas castellanohablantes señalan que la ley "respeta la exención eliminando las asignaturas vehiculadas en valenciano, excepto la propia asignatura de lengua valenciana, y pone fin a la obligación para todos los alumnos de examinarse de valenciano en la PAU programada por el anterior gobierno. Sin embargo, no la respeta marcando la obligación de los alumnos de asistir a clase de valenciano y participar activamente en ella".

Pero exponen que "la obligación de asistir y participar en clase de valenciano entra en conflicto con el derecho del alumno a la exención de aprendizaje y uso que marca una ley más alta, el Estatuto, y consideramos que puede ser fuente de conflicto escolar".

Además, sobre el "requisito lingüístico", lo consideran "otro paso adelante". No obstante, en su opinión "la idea de reconocer automáticamente niveles de valenciano según avanza el alumno en la asignatura, hasta incluso reconocer el C1 para aquel alumno que saque un 7 en bachillerato o en la Prueba de Acceso a la Universidad, elimina muchas trabas, pero de nuevo, no a todos, y desde luego, no a los que vengan de otra parte de España o del extranjero a vivir entre nosotros. El requisito sigue siendo un error aunque se haya atenuado y contradice la igualdad entre españoles".