La Comunitat Valenciana comienza en septiembre un nuevo curso escolar con la aplicación de la recientemente aprobada Ley de Libertad Educativa impulsada por el PP y Vox antes de la ruptura del pacto de Gobierno. Una ley que pretende acabar con el proceso de inmersión lingüística iniciado por los anteriores gobiernos autonómicos de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) a través de la anterior norma educativa, la Ley de Plurilingüismo.

Los padres y profesores implicados en la libertad de elección de la lengua vehicular en la educación, agrupados en torno a la asociación Escuela de Todos, se reunieron el pasado viernes con el director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana para trasladarle "sus propuestas sobre el desarrollo y aplicación de la nueva Ley de Libertad Educativa".

El director, Ignacio Martínez Arrúe, recibió así a José Tomas Pastor, de Docentes por la Libertad Lingüística, y a José Gámez, de Impulso Ciudadano-Valencia, que le explicaron los puntos clave "para garantizar la elección de lengua, la exención del valenciano y la igualdad de derechos lingüísticos para toda la comunidad educativa".

Desde Escuela de Todos muestran su "satisfacción ante una Ley que introduce muchos elementos de mejora respecto a la Ley anterior y que trabaja por el equilibrio entre las dos lenguas, garantizando el derecho de las familias a elegir la lengua base de aprendizaje de sus hijos". No obstante, entienden que para que esta Ley se aplique de la forma más favorable posible a los intereses de los alumnos y las familias, su desarrollo debe ser especialmente preciso en varios ámbitos.

El primero, que "las familias deben realizar la elección de lengua de base con la mayor información posible y el centro debe disponer con antelación de los datos sociolingüísticos del alumnado y de una primera encuesta a las familias de la opción deseada para el siguiente curso. Esto permitirá que la oferta de asignaturas pueda trabajarse con cierta antelación".

Así, desde la asociación consideran vital que los porcentajes definidos para cada lengua base sean simétricos en un mismo centro y que las asignaturas en cada lengua sean las mismas.

El nuevo Director, Ignacio Martínez Arrúe, con los representantes de Escuela de Todos, José Tomas Pastor y José Gámez. EdT

El segundo punto en el que incidieron es que "la exención del valenciano es fundamental que el alumnado pueda ejercer dicho derecho con información suficiente y clara. La clave es crear un canal directo entre la administración y el ciudadano, evitando que la información se proporcione arbitrariamente o intente ocultarse como ocurría hasta ahora".

En este ámbito realizaron propuestas para motivar el aprendizaje de valenciano en las zonas de exención lingüística con grupos desdoblados entre alumnos que serán evaluados y los que no.

En tercer lugar, los representantes de la asociación trasladaron al directo general "la importancia de que los alumnos con necesidades educativas específicas puedan  desarrollar su formación sin que la lengua sea un obstáculo para ello. Las propuestas realizadas van en la línea de que estos alumnos puedan estudiar en su lengua materna. Entendemos que esto puede suponer la necesidad de incrementar los recursos educativos, pero que deben respetarse escrupulosamente los derechos fundamentales de dicho alumnado.

El cuarto punto se refería al uso de las lenguas en la Formación Profesional. Según la asociación "la educación básica tiene un objetivo general, pero la formación profesional se ha de centrar en capacitar a los mejores profesionales. Muchos de estos profesionales escogen actualizar o mejorar su formación y la lengua no puede ser un obstáculo para acceder o desarrollar sus estudios".

Por último, exigieron un bilingüismo real, esto es, que las comunicaciones a las familias y rotulación deben realizarse sin excepción tanto en castellano como en valenciano para no discriminar ninguna de las dos lenguas.

Finalmente, Escuela de Todos entregó un documento detallado de sus propuestas y reiteró la importancia de realizar una encuesta sociolingüística que permita obtener datos actualizados de la lengua materna de los alumnos valencianos como paso previo a la implantación de la nueva ley educativa.