En 1996, con la segregación de Medicina de la Universidad de Alicante (UA), se creó la Universidad Miguel Hernández (UMH), adscribiéndose estos estudios. Desde entonces, la vuelta de Medicina a la UA ha sido una reivindicación histórica que tuvo su principal impulso en 2018, cuando se solicitó a la Generalitat valenciana autorización para implantar un nuevo grado de Medicina en su campus de San Vicente.

En agosto de 2022, el gobierno autonómico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) decretó la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de Medicina a la UA. Se acababa así, aparentemente, con décadas de agravio. 

Ahora la Generalitat con Carlos Mazón (PP) al frente, que en un principio se posicionó con la UA en el conflicto judicial planteado por la UMH, se ha retirado para mostrarse "neutral". Todo en función de un informe de la Abogacía de la Generalitat que alertó de las "irregularidades" que se produjeron en el proceso de adjudicación del grado de Medicina a la UA por parte del Gobierno de Ximo Puig.

Ese informe afirma que la "disponibilidad de centros e instituciones sanitarias para la formación práctica de los alumnos" por parte de la UA no está convenientemente acreditada porque fue elaborada por un órgano no competente de la Conselleria de Sanidad".

Entonces, ¿qué decían los informes oficiales? Y sobre todo, ¿quién los firmó? EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la documentación aportada por la UA para solicitar el grado de Medicina en 2018 y las resoluciones no dejan lugar a duda alguna. Tres de ellos, desfavorables, iban firmados por el jefe del Servicio de Inspección, Autorización, Acreditación y Registro de Centros y Servicios Sanitarios.

El último, favorable para otorgar el grado a la UA, está firmado por el subdirector del servicio al EVES (Escuela valenciana de estudios de la Salud), que es quién recibía los anteriores. Aunque es necesario recordar que el Servicio de Acreditación,

Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios dependía jerárquicamente de la Subdirección General de Inspección Sanitaria, no de la Subdirección de la EVES. 

Primer intento

22 de febrero de 2018. Tras la solicitud de la UA, ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) emite un informe de evaluación de la solicitud desfavorable. Es la administración nacional, no la autonómica la que se opone.

Este documento afirma que "una vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, las Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación no favorable".

Además de criterios pedagógicos sobre algunas asignaturas del grado, el informe insiste en que "siguen sin aportarse convenios de intercambio específicos de movilidad, aduciendo que estos se realizarán cuando el título se haga efectivo".

Al tiempo, no se especificaba "la disponibilidad de profesorado y tutores para prácticas externas en cada centro". Ni se detallaba el personal de administración ni el personal técnico de apoyo de prácticas.

En cuanto a estas prácticas, el informe afirma que los convenios con el Hospital Vithas Alicante y el Hospital Quirón Torrevieja no disponían de "acreditación como centro docente hospitalario".

En el caso de la administración autonómica, ese mismo año 2018, el jefe del Servicio de Inspección, Autorización, Acreditación y Registro de Centros y Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad emite otro informe.

En él, se afirma que "el documento-memoria que sobre la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante que se nos remite, consta de varios documentos en formato de borrador y sin firma que consideramos no válidos para valorar esta solicitud".

Entre otros, los acuerdos con Quirón Torrevieja, Vistahermosa HLA y Vithas, los dos, hospitales privados. Y se remite a la norma nacional de 1986 que establece que los centros públicos son los que deben impartir la docencia.

Este informe había sido solicitado por Josefina Bueno (PSOE), en aquel entonces directora general de Universidad, Investigación y Ciencia del gobierno de Ximo Puig.

Dos informes más

Un año después, en agosto de 2019, se emite otro informe desde el mismo servicio al EVES (Escuela valenciana de estudios de la Salud). Esta vez, la UA ha incluido también el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche (de gestión público-privada por concesión). En este caso el convenio se envía sin que esté firmado por una de las partes, "lo que cuestiona su validez". Y se emite otro informe desfavorable en agosto.

Nuevamente en diciembre de 2019 el mismo Servicio de Inspección, Autorización, Acreditación y Registro de Centros y Servicios Sanitarios emite un nuevo informe ante los nuevos documentos aportados por la UA, firmado por el mismo jefe.

En esta ocasión se detalla que los hospitales del Vinalopó y el Hospital Universitario de Torrevieja (que había sido revertido a la sanidad pública), sí "reúnen los requisitos necesarios para ser objeto de concierto con las universidades para desarrollar la docencia".

Pero el resto de hospitales y algunos centros de salud (con excepción de San Luis, El Acequión y San Miguel de Salinas) siguen sin los requisitos necesarios para la docencia. Pero no especifica si su informe es favorable o desfavorable.

En 2022, cuando finalmente se autoriza el grado de Medicina a la UA por parte del gobierno de Puig, el EVES (firmado por su subdirector), asegura en un documento que este último informe de finales de 2019 sin calificación de favorable o desfavorable, acredita el "cumplimiento de los requisitos de los centros sanitarios mencionados".

Cuando el EVES recibe ese informe de finales de 2019, su subdirector es informado de que no se ha producido el cumplimiento de esos requisitos.  No vuelve a haber informes del Servicio de Inspección, Autorización, Acreditación y Registro de Centros y Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad. Será el subdirector del EVES el que termine firmando la validacióin de los requisitos.

El documento que valida el grado

Y justo antes de otorgar el grado a la UA, el propio subdirector emite el informe que según él valida los centros para la docencia de Medicina en la UA. Y este hecho inusual es lo que ha informado la Abogacía de la Generalitat a la Conselleria de Universidades que dirige el alicantino José Antonio Rovira. 

En su informe legal la Abogacía recuerda que fue "el subdirector general de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud" quien "emitió un informe en fecha 25 de julio de 2022 en el cual extractó un par de párrafos del informe del Servicio de Acreditación del año 2019 (el último informe indicado), concretamente, los párrafos que hablaban de la viabilidad de utilizar las instalaciones de los Hospitales del Vinalopó y de Torrevieja; y de los centros de Salud de San Luis; el Acequión; y San Miguel de las Salinas".

Y se pregunta: ¿Se puede entender, con el contenido del informe de 11 de diciembre de 2019, que la UA cumplía con las determinaciones del artículo 8.2 de la Orden 86/2010? ¿Era el subdirector del EVES la autoridad superior a la cual se refirió (por primera vez) el jefe del Servicio de Acreditación en su informe de fecha 11 de diciembre de 2019? Con la literalidad del informe del subdirector del EVES, ¿podemos entender que se habían cumplido los requisitos señalados?

A lo que la Abogacía de la Generalitat responde: "ha quedado demostrado que el mencionado subdirector, en el momento de firmar su informe de julio de 2022, no tenía ninguna relación jerárquica con el servicio de acreditaciones, ni tenía atribuida ninguna competencia para emitir un informe relacionado".