Los datos recogidos sobre licitación pública autonómica de Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana no dejan lugar a dudas. La Universidad de Alicante (UA) fue el campus público de la Comunitat Valenciana que menos inversiones obtuvo por parte del segundo gobierno de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) de toda la autonomía.

Y no un poco menos. El campus de Sant Vicent del Raspeig apenas supero los 15,5 millones en cuatro años (15.524.066 euros) en licitaciones para el mantenimiento de sus edificios y la reforma de sus instalaciones.

Cuatro veces menos que la Universidad Miguel Hernández (UMH) -la que más licitaciones obtuvo de las cinco instituciones académicas superiores-, que alcanzó la cifra de 67,7 millones de euros. 

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Le siguió la Universitat de València con 53,1 millones. Y con más del doble de lo que se licitó para Alicante, cierran el cuadro la Universidad Politécnica (37,3 millones) y la Universidad Jaume I (UJI), que obtuvo licitaciones por 31 millones de euros.

De hecho, a la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana no le consta ninguna licitación en el año 2020 para el campus alicantino. En 2019 recibió inversiones por 5,1 millones, en 2021 por 1,9 millones, en 2022 apenas 550.579 euros y en 2023, 7,8 millones de euros.

En 2022, en una reunión del Consejo de Gobierno de la UA, la rectora Amparo Navarro mostró públicamente "su preocupación por los sobrecostes energéticos y por la inexistencia de una partida presupuestaria específica que permita a las universidades acometer la modernización de sus infraestructuras y su adecuación a las nuevas necesidades".

"Es imprescindible contar una importante inversión que nos permita acometer el mantenimiento y la modernización de las actuales infraestructuras, haciéndolas más sostenibles y eficientes, pero también construir nuevas para adaptarnos a las nuevas necesidades", señaló Navarro.

Ese mismo año en una entrevista en Radio Alicante, la rectora recordó "los problemas de financiación por los que atraviesa el sistema autonómico de universidades" pidiendo un reparto equitativo de los fondos que reciben las universidades públicas, porque el campus alicantino era el más perjudicado.

Un año después, en 2023, Navarro afirmó en una jornada dedicada al mecenazgo y al endowment, que "gran parte de la financiación de las universidades proviene de fondos públicos, pero sirven casi en su totalidad a gastos esenciales y comunes como infraestructuras y personal".

Morell Efe

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De hecho, Navarro que es catedrática de Derecho Financiero, fue designada para dirigir el grupo de trabajo creado por la Conferencia de rectoras y rectores de las universidades españolas (CRUE), para la financiación de las universidades españolas.