La promesa de un centro integrado de Formación Profesional enfrentará en los tribunales al Ayuntamiento de Guardamar con la Generalitat. Así anuncian desde esta localidad la siguiente etapa en las protestas para pedir que se mantenga una promesa del Botánico de Ximo Puig.
La corporación que dirige el socialista José Luis López Pastor desde 2015 ha salido este jueves a la calle en lo que llaman una acción reivindicativa "en favor de la continuidad de la construcción del Centro Integrado de Formación Profesional Vega Baja en nuestra ciudad".
El equipo de Gobierno municipal destaca que en ella han participado todas las formaciones con representación. Todas salvo el Partido Popular, como subrayan. Y afirman que "los acontecimientos vividos en los últimos meses, nos llevan a demandar".
El comunicado subido en sus redes sociales detalla que están "completando el expediente, que enviaremos al juzgado antes del 8 de noviembre". En él piden acusan a la Conselleria de Educación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por lo que consideran un "recorte de 13,2 millones de euros para Guardamar".
En marzo de 2023 la Generalitat, dirigida entonces por el pacto del Botánico que lideraba Puig, anunciaba que se construirían tres nuevos centros de FP en la comarca de la Vega Baja. Entre esa inversión prevista de 50 millones de euros estaría el de Guardamar del Segura.
El detalle del proyecto anunciado entonces señalaba que el Centro Integrado Público de FP de Guardamar del Segura ofertaría títulos formativos relacionados con las familias de FP Marítimo-pesquera, Energía y Agua y con la familia de titulaciones Agrarias. El objetivo de todo ello, "ampliar la oferta formativa y mejorar la empleabilidad de la Vega Baja".
Invertir en valenciano
El anuncio del centro en Guardamar servía también para romper una larga disputa de dos años sobre la ubicación de centros y su necesidad. En 2021 el proyecto inicial era que solo hubiera uno nuevo de FP en la comarca y que este sería en Guardamar, por delante de Orihuela y Torrevieja.
Aquel movimiento lo interpretaron desde Covapa, la confederación valenciana de Apas y AMPAS, como una decisión tomada por criterios políticos en vez de por criterios educativos, según explicaba entonces la presidenta de Covapa, Sonia Terrero, a EL ESPAÑOL.
Dos años más tarde, el ejecutivo de Puig y con la consellera Raquel Tamarit al frente de Educación anunciaba que serían tres los que se construirían y que los otros dos estarían en Orihuela y Torrevieja. Ahora desde Guardamar critican que su proyecto está en el aire y se busca una nueva ubicación.