El Hércules solicita una indemnización a la Generalitat Valenciana por irse del Rico Pérez

La vista que tenía que celebrarse este miércoles entre el Hércules y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el arrendamiento del estadio José Rico Pérez se ha suspendido, una vez comenzada, tras solicitar el club alicantino una indemnización en el caso de la resolución del contrato.

El juez ha decidido suspender la vista, celebrada en el Juzgado de lo Mercantil número 2, para nombrar un perito, que será el encargado de cuantificar esa posible indemnización para la entidad alicantina.

El club alicantino entiende que si se tiene que marchar del estadio se le tiene que indemnizar como arrendatario por los daños y perjuicios que su salida del recinto le ocasione, según señala la Ley Concursal.

El Hércules defiende que no procede la resolución del convenio, pero que si finalmente se toma esa decisión se le debe indemnizar al tener su contrato en vigencia hasta el 2032.

Además, en su defensa argumenta que si no pagaron en su momento los cánones fue porque el IVF exigió a Aligestión en 2017 que todos los alquileres no se debían pagar por el Hércules, sino convertir en préstamos participativos de la mercantil.

Una vez se valoren los daños y perjuicios a cargo del economista designado por el juzgado, el juicio continuará en un proceso que se intuye largo en el tiempo.

El contrato original

El Hércules firmó en 2007 un contrato de arrendamiento con Aligestión, empresa propiedad del empresario Enrique Ortiz, para tener uso exclusivo de la instalación a cambio de asumir su mantenimiento y el 7 % de los ingresos generados en el estadio por taquillas, repostería o televisión.

El campo pasó a manos del IVF en 2017 por 3,7 millones de euros, tras acudir el banco del Consell a una subasta pública. El IVF considera que la propiedad está libre de cargas, mientras el Hércules esgrime el contrato de arrendamiento del que fuera su estadio.

La relación entre el Hércules, el IVF y Aligestión se remonta al año 2010, cuando se le concedió a la entidad un aval por valor de 18 millones de euros para que solicitara un préstamo con la CAM y saldar así su histórica deuda con la Agencia Tributaria.

El Hércules no cumplió con los pagos de los intereses del préstamo y Aligestión pasó a liquidación, por lo que el IVF, como principal acreedor de la mercantil, acudió a la subasta por la instalación. Tras adquirir el estadio, el IVF expresó su deseo de romper el contrato vigente de arrendamiento.

Tras la vista, el consejero delegado del Hércules, Carlos Parodi, confió en que el club alicantino y el IVF “deben llegar a un acuerdo”. “Estamos convencidos de que tarde o temprano lo vamos a alcanzar”, señaló.