Emilio Vicedo, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (COACV), resume en una frase uno de los mayores retos de la provincia: "Necesitamos voluntad y colaboración entre todos los agentes implicados porque la provincia de Alicante no puede perder el tren de las inversiones".
La actual crisis no tiene nada que ver con la de 2008. Ahora hay dinero para invertir y oportunidades de crecimiento. Por esa razón, desde el COACV organizaron ayer la jornada “Retos y perspectivas de las ECUV”. Se trataba de analizar la implantación del Decreto 62/2020, de 15 de mayo, del Consell, que permite que las ECUV (entidades colaboradoras de la administración municipal) puedan verificar las actuaciones urbanísticas.
El objetivo es agilizar todos los trámites de las licencias urbanísticas en una política de colaboración público-privada que ayude a terminar con el colapso de las concejalías de Urbanismo. Y es que la falta de personal, agravada por el impedimento de las nuevas contrataciones en la administración municipal derivadas de la Ley de Estabilidad, ha convertido en un embudo la burocracia urbanística.
Colapso administrativo
En la actualidad Orihuela está tardando 2 años en tramitar licencias. Alicante entre 12 y 16 meses. Algo que se reproduce en otros muchos municipios como Teulada-Moraira o Dénia. Con la ECUV se pretende rebajar ese tiempo de trámites administrativos a apenas dos meses. Se trata de sustituir los informes urbanísticos municipales por los de estas entidades registradas con capacidad para realizarlos.
Emilio Vicedo, presidente del Colegio de Arquitectos.
En la actualidad hay nueve ECUV registradas ante la Generalitat Valenciana y el Colegio de Arquitectos de Alicante, como entidad de derecho público, es una de ellas. Además, está avalada por experiencias anteriores como el Convenio de Garantí Urbanística de Dénia. "La garantía de éxito está en la voluntad política y el compromiso de todos los participantes en el proceso", señala Vicedo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (PROVIA), Pedro Soliveres explicó que “hemos sistematizado y normalizado la dilatación de los plazos en urbanismo y es algo que tiene graves consecuencias para nuestro sector”.
Para Soliveres, “que una licencia no se emita en los dos meses que marca la ley tiene, por supuesto, un coste económico para la empresa, pero, sobre todo, implica un coste de oportunidad. El hecho de que un proyecto salga adelante tres meses antes o tres meses después puede ser clave en su éxito y lo hemos visto ahora con la llegada de la pandemia”.
También recordó que la concesión de licencias urbanísticas es un acto reglado, es decir, “la administración solo debería tener que comprobar, con parámetros objetivos, que el proyecto cumple esos términos, sin embargo, se producen retrasos de manera reiterada, con el consiguiente perjuicio para las empresas”.
El director general de Urbanismo, Vicente García Nebot, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Adrián Santos; el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, José Francisco Aix Egío; el CEO de Somium, Javier Fur; el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Petrer, Jesús Quesada Polo; y el decano del COACV, Luis Sendra Mengual, también participaron en la jornada.