La obra del trasvase Tajo-Segura cuyo periodo de amortización finaliza en 2030 pero que el Gobierno central de Pedro Sánchez quiere empezar a liquidar cuanto antes, no ha salido gratis a los agricultores de Alicante, Murcia y Almería. Al final del periodo tendrán que haber pagado un 60% de los 71.833 millones de pesetas en las que fijó el antiguo MOPU (Ministerio de Obras y Urbanismo, 1980) las inversiones realizadas. Y ya llevan abonado cerca de un 75% de esa cantidad.

Los regantes de las tres provincias del Levante pagan 0,11 euros por cada metro cúbico (los precios han ido variando, éste es desde 2017 última vez que se fijaron los precios) en concepto de coste de las obras y gastos fijos y variables de funcionamiento.

Como las estimaciones se hicieron para transferir 1.000 hectómetros cúbicos al año pero luego que se estimó que sólo podría llegarse a 600, los agricultores no tienen que pagar por aguas no consumidas. No obstante, la media de caudales llegados desde Guadalajara es mucho menor, en torno al 56% de lo permitido.

Además de eso han pagado 418 millones de euros en concepto de compensaciones a las regiones cedentes. Unas compensaciones en principio pensadas para modernizar las infraestructuras de los pueblos ribereños pero que al entrar en la "caja única" de sus respectivas autonomías se ha diluido por el camino.

La Cámara de Comercio de Alicate ha informado esta misma semana que el total facturado supone más de un 20% de todos los ingresos que se producen en todas las Confederaciones Hidrográficas de España por todos los cánones y tarifas vigentes, y ello a pesar de que el agua del trasvase no llega al 3% del total de agua consumida en España para riego.

Sin embargo, el hecho de que deje de enviarse agua al regadío del Levante no significa que la obra vaya a desaparecer. En la hoja de ruta del Ministerio de Transición Ecológica está que "de cara a un futuro cercano, cada demarcación deberá adoptar las medidas necesarias para abastecerse con sus propios recursos mediante la movilización de recursos no convencionales o con medidas de ahorro".

Titularidad

Entonces, ¿podría Castilla-La Mancha arrogarse la postestad de seguir utilizando el trasvase para demarcaciones diferentes aunque estuviesen en su propio territorio? Porque hay que recordar que la obra no sólo sirve para unir el Tajo al Segura sino que a través de ella se distribuyen caudales a cinco demarcaciones diferentes: Tajo, Guadiana (Tablas de Daimiel), Júcar (a través del embalse de Alarcón), Segura y Valle del Almanzora (noroeste de Almería).

Es decir, Castilla-La Mancha podría seguir enviando aguas a la Tablas de Daimiel o a los regadíos de Albacete desde el Tajo (quienes desde hace años pagan también por el agua), aun no perteneciendo a las demarcaciones. Y con una obra que básicamente no han financiado desde esta región, sino desde el Estado y las autonomías de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.

En 1987 se aprobó la ley que quitaba el monopolio del trasvase a los regantes del SCRATS. La proliferación de decenas de miles de pozos, buena parte de ellos ilegales, que agostaron las lagunas del Guadiana. Desde la confluencia del trasvase con el arroyo Valdejudios, en Carrascosa del Campo, empezó a derivarse agua del Tajo hacia Ciudad Real, eso sí, en contadas ocasiones.

Por ley están permitidos 50 hectómetros cúbicos anuales para que no se seque el humedal manchego. En 2009, tras cinco años de sequía y un espectacular incendio de turba, la UE decidió intervenir abriendo una investigación. El agua del Tajo sigue siendo un recurso imprescindible para mantener el ecosistema en situaciones excepcionales.

También por ley, en 1995 se aprobó una reserva de 3 hectómetros cúbicos por año para asignar al abastecimiento de los núcleos de población inmediatos al trazado del acueducto Tajo-Segura, en las cuencas de los ríos Guadiana y Júcar, "sin que ello implique la modificación del volumen máximo trasvasable autorizado por la normativa reguladora del acueducto Tajo-Segura", aseguraba el texto legal   

Impacto

Actualmente el agua procedente del trasvase es un recurso complementario necesario para el riego de 147.000 hectáreas en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, con un total de unos 80.000 regantes integrados en 61 Comunidades de Regantes del Trasvase. 

Según las últimas estimaciones las actividades vinculadas con la agricultura de la zona del trasvase aportan al PIB más de 3.013 millones de euros, de los cuales más del 50% corresponden a la agricultura. Este impacto económico permite generar

106.566 empleos absolutos en las tres provincias, lo que equivale a 97.230 empleos.

Según la Cámara de Comercio de Alicante, "la rentabilidad agrícola por m3 del agua del trasvase se sitúa entre 0,60 y 1 euro/m3, pudiendo llegar en los invernaderos hasta los 3 euros/m3, unas cifras muy superiores a la rentabilidad de los cereales

de regadío que se cultivan en el interior de España que se sitúan entre los 0,12 y 0,18 euros/m3".

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