Del ladrillazo al pufo, cinco empresas denuncian impagos tras rehabilitar dos inmuebles en la Vega Baja

La burbuja inmobiliaria de 2008 interrumpió la última fase de construcción de las urbanizaciones Los Alcores Villages I y II en San Miguel de Salinas, una pequeña localidad próxima a Torrevieja, en la comarca de la Vega Baja. Ahora, parte de las empresas contratadas para rehabilitar los dos bloques llevan días movilizándose en las puertas de los inmuebles para denunciar que la constructora les debe 265.000 euros. Mientras, la comercializadora ya ha puesto a la venta las 126 viviendas.

La mercantil con sede en Madrid, Arys Diseño y Construcción S. L. es, a su juicio, la responsable del "pufo" que les han dejado. Encargada de contratar a estas pequeñas y medianas empresas para terminar las dos urbanizaciones, se presenta en Internet como una empresa solvente con una facturación de 35,5 millones de euros en 2020 y una previsión de alcanzar los 40 este año, según la información recabada por las cinco mercantiles afectadas. 

Arys también ha estado detrás de la rehabilitación de varios de los edificios sin acabar del constructor Francisco Hernando Contreras, más conocido como Paco 'El Pocero', muerto de coronavirus en la primera ola. Su nombre, ligado al ambicioso proyecto de levantar una megaciudad en Seseña (Toledo), se quedó a mitad al estallar la burbuja y El Pocero pasó a ser sinónimo del excesos urbanístico que había vivido el país.  

Pero igual que 'El Pocero', Arys acumula deudas millonarias, añaden, que 'paga' el eslabón más débil: las cinco empresas que han decidido alzar la voz, como son Fontanería Alfocea, Cerrajería Loymar, Comercial Frigorífica Oleza, Instalaciones y servicios Magaser y Sayzan Levante. Aunque, estiman, "son más". 

En total, más de 50 empleados afectados por el impago que llega tras el parón por el Covid y la recesión que arrastran de la anterior crisis. "No sé cómo vamos a subsistir", responde José Martínez Valero, el responsable de Loymar, firma de Jacarilla que se ha llevado la palma de las cinco afectadas, con unos 100.000 euros de deuda. "Hemos tenido que prescindir de trabajadores y tendremos que negociar los créditos con los bancos", explica sobre una plantilla de una veintena de empleados. 

Como esta, el resto de empresas de Alicante y Murcia han estado los últimos nueve meses poniendo a punto los dos bloques de edificios. El problema se acentuó en junio, cuando llegaron los primeros vencimientos de los pagarés con fechas infinitas de cobro y talones sin fondos emitidos. "Llamamos a la promotora, que es la que les paga a ellos, y no nos hicieron caso", se lamenta Martínez. Este medio ha tratado sin éxito de recoger la versión de Arys y la inmobiliaria que las está promocionando se limita a responder que es la "comercilizadora" y "no tiene nada que ver".

Otra imagen de la concentración de los trabajadores y empresarios.

Suspensión de pagos

Por si fuera poco, Arys se ha declarado en suspensión de pagos: “Los primeros pagarés los pagaba cuando vencían, pero una vez que se ha terminado la obra, como tienen plazos largos y retenciones, ya no paga ninguno”, explican los afectados, que han emprendido una reclamación judicial, de la que no tienen muchas esperanzas que prospere, según les han reconocido sus abogados. "Nos dicen que han enmarañado todo de tal forma que es casi imposible lograr el cobro de la deuda", señala José Martínez. El siguiente paso sería una demanda, cuyo coste estiman en más de 10.000 euros y un par de años "y no sabemos si podremos". 

Al parecer, esta situación no es nueva. Es, sostienen, "su modus operandi", que se ha podido ver en diferentes puntos del país. "Por ejemplo, la empresa vizcaína de alicatados Vck Bizkaia la ha llevado a los juzgados por unas prácticas que califican de mafiosas", prosiguen.  

"Detrás hay todo un entramado", o como lo han definido, “un tinglado montado y preparado para dar el palo, de forma planificada y premeditada”. A su juicio, “está todo estructurado para que no puedas tocar a nadie”. 

Sareb

Se actuación se enmarcaría en la recuperación de promociones inmobiliarias abandonadas por la crisis, siendo el promotor Esla, Fondo de Activos Bancarios. A través de un mecanismo de baja fiscalidad, logran atraer inversores que se hacen con la propiedad comprada a la Sareb o ‘banco malo’. 

En el caso de San Miguel de Salinas, este instrumento financiero le encargó el trabajo a Arys, que a su vez subcontrató a estas empresas locales por un volumen de negocio de unos 500.000 euros, estiman. Pero cuando se terminan las obras les dejaron unos 265.000 pendientes de pago y sin expectativa de recuperar.   

Es por ello por lo que creen que ha fallado las garantías de solvencia y las promesas de transparencia, pese a que “hay fondos públicos de por medio con los que se debería ser absolutamente escrupulosos”, manifiestan. 

Se sienten "estafados" porque se trata de un impago "que va más allá de la morosidad", tan habitual en el sector. "Otros salen ganando con su trabajo de lavado de cara y de rescate de activos muertos, ahora rentables y cotizados", explican.  

Un negocio redondo que sin embargo a ellos les puede llevar a la ruina: “Lo compraron por cuatro duros, nos pusieron a trabajar, no nos pagan y ahora se van a enriquecer a nuestra costa”. Calculan que las 126 viviendas en San Miguel de Salinas pueden reportar un beneficio de 10 millones de euros. De hecho, están a la venta en un popular portal inmobiliario, con precios que oscilan entre los 131.000 y los 270.000 euros.