Parece que el efecto aspiradora que la Comunidad Valenciana ha tenido con Cataluña, aprovechando la fuga de empresas que hubo durante el procés, se ha empezado a desinchar. Según los datos del Colegio de Registradores, recogidos este domingo por Economía Digital, la región perdió en 2021 más empresas de las que decidieron trasladar su sede a territorio valenciano, con 78 sociedades menos. Se trata del segundo peor balance del país, tan solo por detrás de Cataluña (-396).
También pierden más compañías de las que ganan Castilla y León (-57), Murcia (-49), País Vasco (-28), La Rioja (-14), Extremadura (-8) y Castilla-La Mancha (-5). En el lado contrario, la Comunidad de Madrid acogió 194 empresas más durante el ejercicio; le siguieron Baleares, con 83, Galicia (68) y Andalucía (29).
Esto se da pese a que Madrid fue, por ejemplo, la región que más empresas perdió en el cuarto trimestre del año, con 362 menos. Pero lo compensó con las que se traladaron desde otros puntos de España, para cerrar diciembre con 26 compañías más. Galicia, que ganó 40 sociedades, y Baleares, con otras 26, fueron las tres que mejor comportamiento tuvieron del país.
Los datos de traslado de empresas entre regiones en ese periodo indican que las empresas de la Comunidad Valenciana se van sobre todo a Madrid y Andalucía, aunque también hay un buen número que salen hacia Galicia y, en menor medida, hacia Cataluña. En cuanto a la procedencia de las que vienen, principalmente son de Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía, por este orden.
La tesis de la fiscalidad
Estos datos coinciden con la cruzada que presidentes autonómicos como el valenciano, Ximo Puig, han emprendido contra Madrid y su política de rebajas fiscales, al considerar que esta zona actúa como una "aspiradora de recursos" frente a la perifeia. De hecho, Puig abandera la petición de imponer una armonización fiscal en España, una tesis que el equipo de Sánchez ha asumido como propia. En julio de 2021 llegó incluso a plantear un impuesto especial para la capital.
Precisamente el pasado miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una normativa que tiene como objetivo "proteger" su política fiscal frente a la reforma impulsada por el Ministerio de Hacienda y que supondrá, en palabras del consejero de Economía y Hacienda madrileño, Javier Fernández Lasquetty, un "hachazo en toda regla".
La fiscalidad será uno de los principales puntos de conflicto entre PP y PSOE en la Comunidad Valenciana de cara a las próximas elecciones. El líder de los populares, Carlos Mazón, ha calificado la política de la Generalitat de "infierno fiscal", y ya ha anunciado una "revolución" para rebajar 1.500 millones en impuestos. Por contra, la postura de los partidos del Botánico pasa por incrementar la presión con nuevos tributos como la tasa turística, que en principio se pondrá en marcha este año.