La digitalización de los servicios financieros y la reestructuración que está sufriendo el sector bancario está apartando a las personas mayores de su acceso. Esa queja que lanzó públicamente Carlos San Juan está haciendo que se replantee de qué forma se puede solucionar. Y en ello ha entrado Ciudadanos en la Comunidad Valenciana con una batería de medidas.

El grupo parlamentario ha propuesto en Les Corts Valencianes un plan para proteger los derechos de las personas mayores y de los colectivos vulnerables en la realización de gestiones bancarias y administrativas. Entre las medidas planteadas destacan el acompañamiento y asesoramiento personal, un teléfono específico de atención, y cajeros automáticos adaptados, ha explicado la diputada de esta formación María Quiles en un comunicado que recoge Efe.

"Los recortes de atención directa en las entidades bancarias y el cierre de alguna de sus oficinas están afectando directamente a uno de los principales usuarios de estos servicios: las personas mayores", según Quiles. Esta señala que suelen tener "dificultades para utilizar las tecnologías que emplean las entidades bancarias para la mayoría de las transacciones".

Por ello, ha considerado que el sistema de los cajeros "debería ser sencillo y accesible. Y si no, debería haber personal de apoyo suficiente para atender presencialmente a las personas con dificultades para acceder a los servicios digitalizados".

Proposición

A través de una proposición no de ley (PNL), Ciudadanos propone acuerdos de colaboración entre la Generalitat y las entidades bancarias con el objetivo de garantizar la asistencia y el asesoramiento y de implementar cajeros automáticos adaptados.

Además, pide reforzar las actividades formativas para el uso de las nuevas tecnologías entre los mayores y poner en marcha urgentemente la iniciativa de "Bancos amigables de las personas mayores" para aquellas entidades que presten un servicio adaptado a este colectivo.

Por otra parte, la formación aboga por aprobar medidas que faciliten la realización de gestiones administrativas, como por ejemplo, un teléfono de atención específico o un programa de acompañamiento personal.

"Las Administraciones públicas tienen la obligación de defender el bienestar de las personas más vulnerables y fomentar su autonomía personal con los medios, servicios y asistencia que requieran", ha defendido Quiles, quien ve urgente "revertir la situación de clara discriminación hacia los mayores y humanizar la digitalización".

La campaña que lanzó Carlos San Juan a través de las redes está cerca de llegar al medio millón de firmas en la plataforma Change.org. Como destacan en esta página, se trata de una de las peticiones más firmadas que se ha lanzado a través de ella.