Los dos estados de alarma que se han vivido en España desde que estalló la pandemia de coronavirus provocaron el cierre de cientos de miles de negocios, especialmente aquellos relacionados con la hostelería y el turismo. El Tribunal Constitucional declaró finalmente ilegal ambos decretos del Gobierno, lo que ha provocado un alud en Madrid de reclamaciones patrimoniales de locales que tuvieron que cesar su actividad de manera inmediata y sin alternativa.
En esta coyuntura, los hoteleros de Alicante, agrupados en la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), se han sumado a la petición de compensaciones que la patronal nacional ha formalizado contra el Gobierno de España por el primer Estado de Alarma declarado inconstitucional.
Su representante jurídica confirma a EL ESPAÑOL que lo que se ha hecho es abrir una vía administrativa para pedir una compensación por esas medidas, del mismo modo que se hizo en su día con el Gobierno valenciano a raíz de las restricciones aprobadas a nivel autonómico.
El proceso que afecta a la Generalitat, de hecho, está más avanzado. La Conselleria de Sanidad ha derivado las reclamaciones a la de Justicia e Interior, y ésta ha dado un plazo de tiempo para presentar alegaciones al informe emitido por los técnicos sobre la conveniencia de adoptar las restricciones en la región.
Paralelamente a este proceso, los hosteleros han llevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana una petición para anular las medidas planteadas por la Generalitat y que afectaban directamente a la hostelería, como por ejemplo el toque de queda o el cierre perimetral.
Asimismo, fuentes del sector hotelero explicaron que "es muy probable" que empresas alicantinas hayan planteado también una batería de solicitudes para que el Ejecutivo compense sus pérdidas durante los estados de alarma. De hecho, el Tribunal Supremo emitió una sentencia el 25 de enero que anulaba el decreto 2/2021, de 24 de enero, de la Generalitat Valenciana.
Esta norma limitaba la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, prorrogaba la medida de restricción de la entrada y salida de la Comunidad Valenciana y acotaba la movilidad en las grandes ciudades durante los festivos y fines de semana, algo que afectaba a municipios con una importante actividad turística, como por ejemplo Benidorm.
Pérdidas millonarias
Según un estudio encargado por la Diputación de Alicante, las restricciones provocadas por los estados de alarma provocaron un agujero de 1.800 millones de euros y la pérdida de 10.000 empleos en el sector.
La recuperación, además, fue muy lenta debido a las restricciones que se seguían manteniendo en el territorio y que eran recurridas por los empresarios en los tribunales. Según los datos ofrecidos por las patronales Fotur, Alroa y España Noche, en verano de 2021 el 73,5% de los locales valencianos de ocio que sobrevivieron a la crisis retomaron la actividad, pero con una facturación que alcanzaba únicamente el 26,6% de las cifras de 2019.
En ese mismo balance se indicaba que el 82,3% de los empresarios de la Comunidad Valenciana responsabilizan a la Generalitat como principal "causante del desastre" de la temporada de verano por la sucesión de medidas restrictivas y de reactivación del toque de queda. Todo ello, continuaban, como consecuencia de la "pésima planificación del final del estado de alarma que provocó la quinta oleada de coronavirus". También criticaban "ayudas insuficientes" que, en su opinión, se habían activado desde la Administración.
La Comunidad fue una de las autonomías que adoptó medidas más restrictivas para combatir la pandemia, y de las últimas en retirarlas. Además, se dio la paradoja de que, mientras en otras autonomías como País Vasco su alto tribunal autonómico tumbaba las restricciones, el TSJ valenciano avaló la mayor parte de las medidas del Consell.