La Diputación de Alicante incrementará en diez millones de euros el presupuesto del Plan Planifica con el objetivo de hacer frente al sobrecoste de las obras por el aumento del precio de las materias primas, la energía y los combustibles. De esta forma, la aportación de la institución al Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia 2020-2023, que contempla 291 actuaciones en los 141 municipios alicantinos, pasará de 71 a 81 millones de euros.
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El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, han ofrecido en la mañana de este martes los detalles de esta nueva partida económica, con la que se pretende hacer frente a las diferentes incidencias que supongan un incremento general en el coste de las obras y que se aprobará en el próximo pleno del 6 de julio.
Mazón ha destacado que con esta aportación extraordinaria, que se sufragará con remanentes, “reaccionamos de forma rápida y ágil ante un momento complicado derivado de la crisis económica y del aumento de los precios de las materias primas, la energía o los combustibles, evitando de esta forma el retraso o la paralización de las obras que son fundamentales para nuestros municipios”.
El dirigente alicantino ha resaltado que la activación de esta nueva partida económica, que se distribuirá entre las anualidades 2022 y 2024, “es fruto del estudio y análisis de la situación y del contacto directo con nuestros ayuntamientos” y ha añadido que con esta medida “contribuimos también a luchar contra el desempleo, ayudando a evitar que las empresas afectadas por los sobrecostes se vean obligadas a reducir el número de trabajadores”.
Asimismo, Mazón ha pedido a la Generalitat y al Gobierno de España que adopten medidas similares con respecto a sus infraestructuras “ya que hay muchas obras, como las de Edificant de la Conselleria de Educación, algunas ya demoradas, que no están teniendo la solución adecuada”.
En este sentido, ha apuntado que el Real Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo central para permitir una revisión de los precios de los contratos públicos de obras, y al que se ha adherido la administración autonómica valenciana, “es muy constreñido, ya que no contempla muchos sobrecostes como el aumento de la energía, y, por lo tanto, no ofrece la capacidad de adaptación que la medida puesta en marcha por la Diputación de Alicante sí permite”. Por otra parte, el presidente no ha descartado que si la situación lo requiere se adopten en un futuro nuevas medidas en esta misma dirección.
Javier Gutiérrez, por su parte, ha destacado que los 10 millones de euros representan un crecimiento de un 14% del presupuesto de Planifica, lo que permitirá el desarrollo de actuaciones por valor de más de 120 millones de euros, teniendo en cuenta, además de la aportación provincial, la de los ayuntamientos. “La cifra es relevante, no solo por la cantidad, sino porque garantizan la implantación, mejora y ampliación de servicios públicos en nuestros municipios que, de otra manera, no saldrían adelante como consecuencia del incremento del precio de los materiales de construcción, la energía eléctrica y los combustibles”, ha lamentado.
El titular de Infraestructuras ha alertado, además, de que “en vistas de la situación que está viviendo el país, las obras con financiación pública tienen un alto riesgo de no llegar a término”. Para evitarlo, ha asegurado que “es un ejercicio de responsabilidad reaccionar con rapidez, como lo está haciendo la Diputación provincial para garantizar que se cumplen todos los compromisos adquiridos con los ayuntamientos y, por extensión, con los alicantinos”. Ha pedido a otras administraciones “que tomen ejemplo y no miren hacia otro lado”.
Gutiérrez ha detallado que el reparto de fondos se ha realizado aplicando una media aritmética que ha tenido en cuenta los nuevos precios de materiales como el acero, cristal aluminio y sobre todo costes e energía en general. La distribución por municipios se realizará con los mismos criterios aplicados en Planifica y se hará en los tres ejercicios que quedan para la ejecución de plan provincial, con 618.697,81 euros adicionales para el presupuesto de 2022, 5,4 millones para 2023 y cerca de 4 millones para el presupuesto de 2024.
El diputado de Infraestructuras ha explicado que “los nuevos recursos se pondrán a disposición de los ayuntamientos para que sean ellos los que decidan a qué actuación quieren destinar esta nueva cantidad adicional, en función de sus necesidades, y garantizando en todo momento que lleguen a término todas las actuaciones, tanto las que son responsabilidad de la Diputación, en municipios de menos de 5.000 habitantes, como las que ejecutan directamente las poblaciones mayores”.