La reforma fiscal que anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el debate de Política General de la Comunidad Valenciana: "no está todavía cerrada". Con estas cuatro palabras zanjó ayer la vicepresidente del Consell, Aitana Mas (Compromís), el tsunami en el ejecutivo valenciano desde que a principios de semana Puig hiciese su anuncio estrella.
Y es que para aprobarla, primero debe ser consensuada entre los miembros del Gobierno Botánico (PSPV-Compromís-Podemos) y transformada en ley. Seguramente, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2023, ya que durante el debate no se presentó una propuesta concreta y la nueva tarifa del IRPF.
De hecho, a los socios de Puig este anuncio les cogió por sorpresa y ante la posibilidad de bajada de impuestos, manifestaron su rechazo. Ayer, sin embargo, en el pleno del Consell, trataron el asunto y la portavoz se limitó a decir que "se está buscando la manera equilibrar los ingresos" para compensar lo que dejará de ingresar por la bajada de impuestos a las rentas de menos de 60.000 euros.
Compromís y Podemos han sido muy beligerantes en este asunto, como por ejemplo imponiendo al PSPV-PSOE un impuesto autonómico como la "tasa turística", en el que los socialistas han intentado salvar la cara bonificándolo al 100% allí donde no es bienvenido. Así que las negociaciones pueden ser largas.
En cualquier caso, para el PP, es un brindis al sol y "un ejercicio de propaganda" que no tendrá efecto en los bolsillos de los valencianos antes de las elecciones autonómicas de 2023. Según explica Rubén Ibáñez, el responsable económico del grupo popular en las Cortes Valencianas, sólo pueden hablar de los ejemplos que puso el presidente que como mucho afectarán en unos céntimos a la mayoría de los contribuyentes.
Todo esto se produce cuando desde el Gobierno central se lanza una propuesta diferente y la ministra Montero arremete contra las reformas fiscales autonómicas. La propia vicepresidenta valenciana aseguró que su Consell "no se siente aludido" con las declaraciones de la ministra de Hacienda, porque está buscando "eliminar esas incongruencias".
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Ximo Puig, en cambio, ayer valoró la propuesta gubernamental: "Tiene que haber un reequilibrio fiscal claramente y tiene que haber una solidaridad porque forma parte de lo que es la constitución y de lo que es la conveniencia. En este momento, más que nunca, lo que no se puede hacer es fracturar más la sociedad, por eso creo que es la vía correcta"
La deuda se desboca
Entre tanto, los datos económicos de la Comunidad siguen empeorando. Ayer también se supo que la deuda pública de la Comunitat Valenciana se situó en 54.260 millones de euros en el segundo trimestre del año, la segunda más alta del país tras Cataluña.
El diputado popular Rubén Ibáñez, acusó al Botánico presidido por el socialista Ximo Puig, de "dejar en una situación de quiebra absoluta a la Generalitat al aumentar la deuda en 14.200 millones de euros".
"Mientras los recursos por impuestos han aumentado en 4.000 millones respecto a 2015, ha aumentado los impuestos hasta en seis ocasiones y hoy los valencianos pagan cerca de 800 euros más que en 2015 por impuestos", aseguró Ibáñez. Además, le ha reprochado que "tiene 10.800 millones más de presupuesto y sigue engrosando la deuda por una pésima gestión".