La Diputación de Alicante (PP y Cs) suprimirá el próximo año el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con el objetivo de ayudar al tejido empresarial a superar la crisis. Esta medida, impulsada por el equipo de gobierno que dirige Carlos Mazón, ha sido aprobada esta mañana en el pleno de la institución con el apoyo de los grupos del Partido Popular y Ciudadanos y el voto en contra del Partido Socialista y Compromís. La supresión total del impuesto, que entrará en vigor en 2023, beneficiará a más de 8.500 empresas.

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Mazón ha defendido esta propuesta “en coherencia y consonancia con la línea política de este equipo de gobierno, que estos últimos años ha impulsado una progresiva eliminación del IAE”. En este sentido, ha recordado que en el año 2021 se impulsó una modificación de la ordenanza fiscal que permitió reducir del 20,5 al 10% este impuesto, que se aplica a empresas que facturan más de un millón de euros, volviéndose a bajar otro 50% en 2022 hasta dejarlo solo en el 5%.

El presidente de la institución ha cifrado en nueve millones de euros el ahorro global para las empresas y autónomos de la provincia por el IAE durante este periodo (2021-2023) y ha insistido en la “coherencia” de la política fiscal del Partido Popular frente a las críticas de la oposición, desde cuyas filas se ha calificado la medida de “oportunista” y “anecdótica”.

“A ustedes les molesta que bajemos impuestos, algo que quiere hacer mi partido para ayudar especialmente a quienes más lo necesitan, frente a otro -en referencia a Compromís- que quiere subirlos y uno -por el PSOE- que una semana dice una cosa y la siguiente otra distinta, ha indicado Mazón, quien también ha criticado la falta de concreción de la propuesta de rebaja fiscal anunciada por el president de la Generalitat.

Desde el grupo Compromís, Gerard Fullana ha apuntado que la supresión del recargo provincial del IAE “fomenta la infrafinanciación de la Diputación, mientras que solo afectará a un 5% de las empresas del territorio”, al tiempo que ha abogado por incrementarlo al 30% como tienen las diputaciones de Valencia y Castellón. Por su parte, Toni Francés, por el Grupo Socialista, ha calificado de “ridícula” la rebaja, ya que, en su opinión, “no va a tener efectos positivos sobre las empresas ni sobre el conjunto de la economía de la provincia”.

Ante estas críticas, Mazón también ha recordado que la Diputación de Alicante, además de esta medida, también ha impulsado en este ejercicio más de 36 millones de euros extraordinarios para ayudar a autónomos, pymes y familias. “En el marco de nuestras competencias, tenemos claro que estamos para ayudar a la economía productiva”, ha afirmado.

Ayudas suministro eléctrico

Por otro lado, durante la sesión plenaria se ha aprobado por unanimidad una propuesta por la que la Diputación se compromete a incorporar en su presupuesto de 2023 una partida económica, dotada inicialmente con diez millones de euros, para ayudar a los municipios a hacer frente a la factura del suministro eléctrico. Asimismo, se reclama a la Generalitat y al Gobierno que habiliten, por su parte y con este mismo fin, 60 y 120 millones de euros, respectivamente, para todos los ayuntamientos de la provincia.

La moción, presentada inicialmente por el Grupo Socialista, ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos tras la incorporación de una enmienda a la totalidad registrada por PP y Cs. La portavoz adjunta socialista, Patricia Maciá, ha recordado que la subida de los costes energéticos “están haciendo mella en las arcas municipales por lo que se hace necesario apoyar a los ayuntamientos en esta cuestión”.

Desde el equipo de gobierno, el diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, ha puesto en valor, en este sentido, el Acuerdo Marco de Suministro Eléctrico que la institución provincial ha negociado para los ayuntamientos adheridos a la Central de Compras y ha defendido la enmienda presentada, en la que también se insta al Gobierno a no cobrar el tope de gas en suministros contratados con Garantía de Origen 100% renovables y a disminuir el IVA en la administración local al reducido como a los contratos de más de 10 kilowatios.

Inversiones Diputación

En el apartado de mociones, desde Compromís se ha formulado una propuesta en la que se insta a la Diputación de Alicante a igualar el presupuesto de inversiones en infraestructuras y servicios de la Diputación de Valencia, ya que, según Fullana, “es tres veces mayor”.

El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha cuestionado los argumentos de la moción presentada por Compromís al comparar las inversiones de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana y ha pedido a la formación que se sume a la reclamación para acabar “con una brecha presupuestaria de 158 millones” en perjuicio de Alicante.

El diputado ha incidido en que “cada ciudadano de la provincia de Valencia dispone de casi un 60% más de capacidad financiera que un ciudadano alicantino y esto significa que, para poder comparar de manera justa y equitativa el gasto de una y otra institución, la de Alicante debería disponer cada año de 158 millones de euros más hasta alcanzar los 430 millones de presupuesto anual”.

Según Gutiérrez, la Diputación de Alicante cuenta con menos recursos que sus homólogas “y no son comparables en los términos planteados, deliberadamente manipulados”. Ha explicado que, con 1.879.000 habitantes y un presupuesto de 272 millones de euros, a cada alicantino llegan 145 euros, es decir, 159 euros menos que en Castellón y 84 por debajo de Valencia en la ratio por habitante.

El responsable de Infraestructuras ha aclarado, además, que los fondos dedicados cada año a planes de obras desde la institución alicantina superan los 100 millones de euros solo con el Plan de Obras y Servicios de 2019 y Planifica, es decir, 25 millones de inversión por cada anualidad “y no 17,5 como plantea Compromís”.

“Se han olvidado de más de 7,5 millones por año y de que la Diputación de Alicante dedica cada ejercicio un 9,5% de su presupuesto a gastos derivados de competencias impropias que debería sufragar el Consell y está a la cola en materia de inversión cultural de la Generalitat”, ha añadido.

Gutiérrez ha defendido, finalmente, la creación por parte de la Generalitat de un fondo de compensación que sirva para eliminar la diferencia entre las instituciones provinciales “asegurando así que todos los ciudadanos disfruten de la misma financiación, independientemente de dónde residan, y acabe con una brecha presupuestaria que esta provincia viene sufriendo desde tiempo inmemorial”.

Limpieza de cauces y Agencia Inteligencia Artificial

La Diputación también ha reclamado, en este caso a través de una moción presentada por PP y Cs que ha contado con el respaldo de la oposición, una moción para solicitar a las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura la limpieza urgente de los ríos, barrancos y ramblas de la provincia de Alicante.

Por el equipo de gobierno, la diputada María Gómez ha denunciado que el estado actual de los ríos, “cuya limpieza es responsabilidad de las confederaciones, que poco o nada han preparado el territorio ante la amenaza de una nueva DANA”. El texto solicita también a la Generalitat Valenciana que, en base a sus competencias, frene la proliferación de las especies invasoras.

Por otro lado, durante la sesión plenaria los grupos políticos han respaldado por unanimidad la candidatura de la provincia de Alicante para acoger la Agencia Española de Inteligencia Artificial (AESIA). La declaración institucional firmada por todos los portavoces, y que ha motivado la retirada de una moción presentada por Compromís con la misma finalidad, también traslada su apoyo al trabajo que desde la Generalitat se está realizando en este sentido.

Apoyo al agente comercial

El pleno ordinario del mes de octubre ha concluido con el apoyo unánime de toda la corporación a la figura del agente comercial a través de una declaración institucional en la que se pide a la Generalitat que, entre otras medidas, incluya a estos profesionales en futuras ayudas para aliviar el coste de los combustibles o exenciones por el uso de redes viarias. Además, se insta a que se refuercen los controles sobre la colegiación establecida para el ejercicio de la actividad de agente comercial.