La ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche y la llegada de la Alta Velocidad han sido las últimas dos grandes obras del Gobierno de España en Alicante, y la vez que más cerca se ha estado de que las inversiones territorializadas se ajustasen a la población real. Las dos concluyeron en 2011 y 2012, respectivamente, y desde entonces no ha habido ningún gran proyecto impulsado desde Madrid para la provincia.
La nueva terminal de El Altet tuvo un coste de 570 millones de euros, y permitió a la infraestructura aumentar su capacidad hasta los 20 millones de pasajeros. Desde entonces ha ido escalando posiciones hasta colocarse como quinto aeródromo de España, con más de 15 millones de usuarios en un ejercicio normal.
La obra del AVE a Alicante supuso una inversión de 1.920 millones de euros, pero llegó con trampa. El proyecto que se materializó no fue el que se vendió en un principio (con las vías soterradas, un gran parque central y una estación intermodal) y, de hecho, una década después todavía queda pendiente la ejecución de estos trabajos.
El tren recaló en la provincia cinco años más tarde que en Málaga, competidora directa del turismo alicantino, y se ha convertido en uno de los más concurridos de toda la red de infraestructuras ferroviarias del Estado.
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Según el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), en ningún momento desde que lleva monitorizando las inversiones del Ejecutivo en la provincia (año 2008) Alicante ha recibido el dinero que le corresponde en función de su población.
De hecho, en su gráfico comparativo se puede ver cómo desde el 2012 la consignación ha ido cayendo hasta tocar mínimos históricos en el proyecto de 2023, donde si no se remedia Alicante será por segundo año consecutivo la provincia con menor renta per cápita de España, con apenas 86 euros por habitante (el siguiente en la lista es Jaén con 110).
Ronda de reuniones de los empresarios
Precisamente este lunes el comité ejecutivo y la junta directiva de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) acordó iniciar una ronda de reuniones con todos los diputados y senadores de la provincia.
El objetivo es plantearles la necesidad de presentar y defender una serie de enmiendas "que subsanen la humillación, el desprecio y la falta de sensibilidad que manifiesta el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la provincia de Alicante, su sociedad y sus agentes productivos".
En este mismo sentido, también se ha solicitado una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para que encabece "una respuesta contundente contra el Gobierno de España, lidere las enmiendas contra la falta de inversión en Alicante y equilibre la apuesta por la provincia en los futuros presupuestos de la Generalitat".
Para los miembros de UEPAL, es importante que la "acción en la defensa de la provincia sea mancomunada, que sume a todos los agentes interesados e involucrados en evitar el empobrecimiento de la provincia", porque para UEPAL "la falta de inversión pública supone la fuga de talento profesional y de empresas que escapan hacia otros territorios donde sí hay fondos públicos para generar actividad económica y desarrollo de puestos de trabajo".
"Reivindicación activa"
UEPAL anunció además que "se sumará a tantas acciones concretas se articulen desde la CEV Alicante u otra organización o entidad en la defensa legítima de la provincia, desde el convencimiento de que cuantas más voces se levanten más fuerza y mejor futuro tendrá la provincia".
La patronal consideró "necesario" ejercer "un papel activo en la reivindicación de las necesidades de nuestro territorio, ante el convencimiento de que no se puede construir la provincia de Alicante sin los empresarios, sin la sociedad civil de Alicante al completo".
"Está claro que nadie hará por nosotros lo que nosotros no seamos capaces de realizar", expresó el presidente de la entidad, Juan José Sellés, en calidad de portavoz.
Desde su punto de vista, "y como veníamos reivindicando, Alicante ya se encuentra en los márgenes de las prioridades del Estado, mientras la inversión se sigue concentrando en otros territorios sin medida que lo equilibre. No, no nos vamos a cruzar de brazos, ejerceremos nuestro legítimo derecho a defendernos y a defender los intereses de nuestra, nuestras empresas, los puestos de trabajo y la capacidad de seguir creciendo económicamente".