La decisión del Gobierno de España de relegar a Alicante a la cola de inversión por habitante por segundo año consecutivo no se corresponde ni con criterios poblacionales (tiene casi 1,9 millones de empadronados, la quinta provincia de España) ni, sobre todo, económicos.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Alicante aportó en 2019 al conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) español 37.688 millones de euros. Se trata de la quinta cifra más elevada del país, por encima de Vizcaya (37.163 millones), la Región de Murcia (32.287) o Málaga (32.207).
De hecho, la provincia está a poco más de 3.000 millones de superar a Sevilla como cuarta provincia de España en aportación al PIB (cerró 2019 con 40.789 millones de euros). Las tres primeras clasificadas en el ránking son Madrid, con 240.0389 millones, Barcelona (177.978) y Valencia (61.489).
Estas aportaciones a la riqueza nacional han tenido más eco en las inversiones en algunos territorios que en otros. Y, aunque la posición en el conjunto global suele variar entre ejercicios, Alicante no ha conocido un ejercicio en el que el dinero destinado del Estado estuviese por encima de su población.
De hecho, y tal como publicó EL ESPAÑOL, hace una década, cuando se completó la obra de la nueva terminal del aeropuerto de El Altet, con capacidad para 20 millones de pasajeros, y la llegada de la Alta Velocidad a la provincia.
Desde entonces la partida de inversiones ha ido descendiendo hasta situarse en mínimos históricos en los dos últimos ejercicios. Para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 el Gobierno destinará a cada alicantino unos 86 euros, el único territorio de los 52 que baja de los 100 y a casi 25 euros de diferencia del penúltimo, Jaén (110 euros).
Este descenso respecto al año anterior se materializa pese a que el dinero para la Comunidad Valenciana ha subido un 3 %, pero concentrado todo en Valencia y Castellón. Las otras dos provincias de la región tienen asignadas ahora mismo unas inversiones per cápita que triplican la cifra de Alicante. Castellón, de hecho, contará con más dinero en el montante global pese a tener 1,3 millones de habitantes menos.
Desactivar las protestas
Las cifras de Alicante han levantado una ola de indignación entre sectores económicos y sociales de la provincia de Alicante, que tanto el Gobierno de España a través de la Subdelegación) como el Ejecutivo autonómico (que pasará por unas elecciones en ocho meses) han tratado de frenar.
Pese a esto, las patronales de Alicante CEV, Cámara de Comercio e INECA han afirmado que mantienen su plan de acción mientras no haya cambios materiales que evidencien un cambio en la discriminación a la provincia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
[Ximo Puig trata de "buscar una solución" a las inversiones previstas en los PGE para Alicante]
Este jueves se reunieron con la delegada de Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, y la subdelegada en Alicante, Araceli Poblador, en un encuentro en el que las representantes del Ejecutivo no lograron desactivar las protestas.
El presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, afirmó que "pese a agradecer mucho la rápida respuesta de la delegada del Gobierno, la discriminación que sufre la provincia es muy grave y viene de muy lejos". En concreto, "hasta quince años atrás de déficit acumulado, por lo que no hay otra opción que tratar de modificarla por todos los medios a nuestro alcance hasta que realmente veamos cambios materiales en el buen camino".
El presidente de la patronal alicantina valoró que gran parte del importe del convenio suscrito entre el Gobierno central y la Generalitat vaya a ser destinado a Alicante, pero aseguró que "no es una herramienta satisfactoria porque tanto Valencia como Castellón tienen derecho también a recibir la inversión que les corresponde, y ésta es una reivindicación en la que vamos de la mano con toda la Comunidad Valenciana”,
El presidente de la Cámara, Carlos Baño, insistió en que estos presupuestos "condicionan el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Alicante y, por tanto, nuestro futuro".
"Existe una deuda histórica que supera los 3.500 millones de déficit inversor, y con este proyecto de presupuestos no sólo no se intenta corregir ese agravio sino que se empeora la situación" ya que Alicante es "la última provincia en inversión per cápita, y eso sin contar una población flotante de casi un millón de personas, que no están empadronados pero que también hace uso de las infraestructuras y los servicios".
Por ello, subrayó, "vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana, que es corresponsable de esta falta de inversión, que solucionen la desigualdad y el maltrato hacia la provincia".
El presidente de Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), Nacho Amirola, solicitó a la delegada que el Gobierno de España "enmiende los presupuestos generales del Estado en lo que respecta a la provincia para que las inversiones previstas para Alicante se acerquen en cuantía a la media nacional porque la situación de infrafinanciación se repite, al menos, desde hace casi dos décadas".
Además, denunció "la imposibilidad de hacer un seguimiento adecuado del grado de ejecución de los presupuestos generales y ha reclamado la información detallada partida por partida del grado de ejecución de los PGE del año 2021".
CEV, Cámara de Comercio e Ineca entienden que "perdura" el "agravio" de Alicante, por lo que mantienen la planificación de acciones conjuntas de reivindicación y comunicación de esta grave discriminación, que lastra el desarrollo socioeconómico de la provincia y el bienestar de su ciudadanía.
Al mismo tiempo, van a trabajar en conjunto para que los distintos partidos presenten enmiendas que equiparen la inversión por habitante a la media estatal en los PGE 2023.