"Una clara victoria para los pueblos más pequeños". Así resume el diputado de infraestructuras y asistencia a municipios Javier Gutiérrez la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que suspende la ejecución del Fondo de Cooperación Municipal impulsado por la Generalitat Valenciana.

Gutiérrez destaca "la importancia de este triunfo, que evita que los municipios alicantinos pierdan más de 26 millones de euros en inversiones, como hubiera pasado si en lugar de recibir el próximo año 40 millones con el modelo de reparto de la Diputación establecido con el Plan Más Cerca solo dispusieran de los 13,5 millones de euros previstos por el Fondo de la Generalitat".

En el comunicado de la Diputación, Gutiérrez señala que el auto "no deja lugar a dudas, se confirma la invasión de la autonomía provincial y el ataque a la suficiencia financiera de la Diputación que este equipo de Gobierno ha venido señalando con relación a la Ley del Fondo de Cooperación".

[Opinión: La Justicia, la Generalitat y la Diputación de Alicante]

El diputado critica con dureza la posición de la Generalitat durante este proceso. Y así asegura que "la probable vulneración de la legalidad por parte de esta norma ha sido trasladada en múltiples ocasiones al responsable que el Consell puso al frente de las comisiones creadas, un paripé del señor Puig para hacer creer que era un hombre de talante negociador".

En esta parte de su discurso, Gutiérrez señala al director general de la Administración Local, Toni Such, ya que las negociaciones se mantuvieron con él. Y no ha dudado en calificar a Such de "verdugo de los pueblos pequeños de Alicante y frío ejecutor de la voluntad antialicantina del gobierno tripartito".

Las críticas de Gutiérrez al director general se basan en que "no se tomó siquiera la molestia de leer las enmiendas de los partidos que no forman parte de su coalición de izquierdas durante la tramitación de la Ley, pasando su rodillo por encima de todas ellas". Y acusa, además, al responsable autonómico "de desconocer las competencias y necesidades fundamentales de los municipios y el mandato que la Diputación tiene encomendado".

[Mazón reivindica el papel de las diputaciones frente a la despoblación: "un instrumento esencial"]

Las críticas de Gutiérrez no se van solamente hacia Valencia. En su razonamiento recrimina a los grupos socialista y de Compromís por "su papel de delegados del Consell en nuestra provincia, a pesar de ser conocedores de todo el proceso y de las razones que, una y otra vez, fueron expuestas y que justificaban la resistencia de esta institución a someterse ciegamente a una Ley mal redactada y hecha con la sola finalidad de secuestrar el presupuesto provincial".

La postura de Gutiérrez expresada este viernes resume el largo enfrentamiento entre ambas Administraciones públicas. El comunicado destaca que "la Diputación ha mantenido una postura firme en relación con la posible vulneración de los derechos constitucionales a través de la aplicación de la Ley del Fondo de Cooperación". Así, recuerdan que solicitaron la medida cautelar de suspensión de los apartados quinto y sexto de la citada norma que mencionan, por un lado, la obligación de aportar 13.457.645 euros por parte de la Diputación de Alicante en 2023 para financiar el Fondo de Cooperación de la Generalitat y, por otro lado, directrices de coordinación que articulaban mecanismos de supervisión de los presupuestos provinciales de manera previa a su aprobación.