La Generalitat presenta sus armas en la batalla por los recursos hídricos que llegan a la Comunidad Valenciana. El presidente Ximo Puig lo hace planteando un informe elaborado por la Abogacía General en el que reclama que se garantice la continuidad del trasvase Tajo-Segura y subrayando que "desde la confrontación y la guerra no llega agua a Alicante".
El "contundente informe", como definen desde la Generalitat, tiene el objetivo de servir como base jurídica en esta petición al Gobierno. Es decir, que se respete el proyecto de real decreto en los mismos términos en los fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre, y que, según el Consell, garantizan la continuidad del trasvase Tajo-Segura.
El comunicado de la Generalitat asegura que este documento desmonta los argumentos esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora con relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos. Estos razonamientos son los que había usado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a partir de una serie de sentencias del Tribunal Supremo sobre este tema.
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En el análisis que hace el Consell tras recibir el informe señalan que en ningún momento el Supremo se pronuncia sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que únicamente señala que hay que fijarlos. Y ahí recalcan que a la hora de establecer estos hay que tener en cuenta una serie de variables, no solo ecológicas, sino también socioeconómicas. Por eso concluyen que la fijación de esos caudales no puede realizarse sin la debida justificación.
Con esta argumentación, el comunicado de la Generalitat razona que esos son los principios en que se basa la disposición novena del proyecto de real decreto cuyo mantenimiento cuestiona ahora el Gobierno, ya que esa disposición establece que "si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026".
De ahí que concluyen que no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura. Por eso recalcan en este comunicado que "el Consell entiende que no existe, tal como avala el informe de la Abogacía, ninguna justificación jurídica ni técnica para modificar en el último momento un texto que fue aprobado por amplia mayoría en el Consejo Nacional del Agua".
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Y aquí es donde se posicionan cara las futuras medidas. Como avisan, "cambiarán el sentido de su voto sobre el plan del Tajo si finalmente se llevase a cabo una modificación de lo pactado". De eso se encargarían la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y el secretario autonómico de Transición Ecológica, Francisco Candela, quienes son los representantes del Gobierno valenciano en las reuniones del Consejo Nacional del Agua.
El cambio de posición de la Generalitat en estas reuniones viene después de la abstención en la reunión sobre el plan de cuenca del Tajo. Ahora indican que esta decisión estaba condicionada al cumplimiento expreso de la disposición sobre los ya aludidos criterios para determinar los caudales ecológicos. Por eso avanzan que si ahora se suprimiese esa disposición, los votos el Consell pasarían a ser negativos, tanto en el caso del plan de Tajo como en el del real decreto.
El comunicado de la Generalitat concluye asegurando que reiteran "de manera rotunda su petición al Gobierno de España para que se cumpla lo aprobado en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, porque ese acuerdo garantiza el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que para la Generalitat es una cuestión prioritaria e irrenunciable".