El recorte del trasvase del Tajo-Segura supondría un "tsunami económico" para la provincia de Alicante. Así lo definen la patronal Asaja y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) que, además, critican la falta de alternativas de las Administraciones públicas ante una situación que sería vista de otra manera en Valencia. "Si Ford destruyera estos puestos, estaríamos con una respuesta diferente", aseguran.
Las cifras apoyan un discurso en el que los empresarios recuerdan lo que está en juego: la desaparición de más de 6.300 empleos directos, una pérdida económica de más de 5.600 millones de euros y el abandono de 27.314 hectáreas de regadío. Según indican, esto tendría "consecuencias sociales, económicas y ambientales irreparables".
Frente a ese panorama, no entienden la actitud de los políticos. "Si la factoría de Ford en Almussafes, por ejemplo, destruyera estos 6.300 puestos de trabajo que hoy se ponen en peligro en el sector agroalimentario de la provincia de Alicante, estaríamos en esta situación ante la opinión pública nacional y con una respuesta diferente por parte de las Administraciones públicas autonómicas y estatales", ha apuntado el presidente de Uepal, Juan José Sellés, a través de un comunicado.
Uno de los aspectos que reiteran al abordar lo que supondría este colapso, es el panorama que habría después. El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, recuerda que el sudeste español representa la "única despensa" que tiene España y Europa para la obtención de hortalizas frescas ante olas de frío como la actual que pueden arrasar las producciones del resto del territorio. Y esta "huerta de Europa", como también la define Ximo Puig en sus intervenciones sobre el tema, existe gracias a lo que Andreu llama el único "salvoconducto seguro", el acueducto Tajo-Segura.
"Parece que este Gobierno no es consciente de que el recorte va totalmente en contra del interés general de este país porque las regiones afectadas por el trasvase representan el 71 % de la exportación nacional de hortalizas y el 25 % de la de frutas, solo con el 3 % del agua dedicada al regadío en lo nacional, lo que demuestra una eficacia en el uso de este recurso sin precedentes", ha explicado Andreu.
A la pérdida de empleos directos, indirectos y en exportación, hay que sumarle el daño colateral que la reducción del trasvase tendrá sobre otros sectores relevantes como la logística, la industria química o los servicios. "Restando competitividad a nuestro tejido socioeconómico y, por ende, a nuestro territorio", ha señalado Asaja Alicante.
Andreu ha alertado a la ciudadanía de que esta decisión no tardará en el bolsillo de la sociedad. De hecho, considera que "nos veremos obligados a depender de las producciones de terceros países, lo que supondrá que los precios suban para el consumidor". Un punto en el que recuerda que se consumirían productos tratados con materias prohibidas en Europa hace años por ser perjudiciales para la salud.
Sellés ha criticado que "nadie en el Gobierno de España, y muy pocos en la Generalitat Valenciana, se hayan planteado el impacto de esto: menos superficie es igual a menos trabajo y, por lo tanto, a más de 6.300 personas que tendrán que abandonar su actividad". Además, el presidente de Uepal ha aclarado que "la percepción del empleo agrario está muy distorsionada, no siempre es mano de obra sin cualificar, nuestro sector es altamente profesional, muy innovador y preparado".
Pérdida de inversiones
El mismo informe de la UA considera que existe también un importante impacto por el abandono de esta superficie de regadío que tiene que ver con el precio de la tierra, que sufrirá una considerable merma en su valor, más la pérdida de valor patrimonial de inversiones, en muchos casos, pendientes de amortizar financieramente. La estimación del golpe económico es de más de 5.692 millones de euros.
Sin embargo, tanto para Asaja Alicante como para el conjunto de Uepal, lo más grave es el "planteamiento político que ofrece la Administración, donde la sustitución de una infraestructura real y unos aportes ciertos que generan riqueza para el conjunto del Estado se eliminan sin alternativa, supeditada a promesas en el aire".
Tanto Sellés como Andreu ha recriminado las promesas de subvención del agua desalada, cuya materialización requiere su publicación en una Orden y que, además, se somete a exigencias normativas y de la Unión Europea que hacen que esta medida no disponga de garantías de mantenerse en el tiempo. En el mismo sentido, opinaron de las promesas de futuras inversiones: "Ni están en los presupuestos, ni tiene soporte ninguno que nos permita confiar en que sean reales, especialmente tras el último diseño de los Presupuestos Generales del Estado y de cómo se ha tratado a nuestra provincia", han coincidido.
Para Asaja, cuarenta años de trabajo y esfuerzo valen mucho más que 10 céntimos de subvención que nos ofrecen ahora por el agua desalada. "Los agricultores de Alicante no queremos limosnas, queremos mantener lo que nos ha dado la vida", remarca Andreu.
La sensación expresada por Uepal y Asaja Alicante es que esta decisión política de recortar el Trasvase Tajo-Segura nos lleva al precipicio, a una caída en el vacío de consecuencias gravísimas, no sólo para el sector agrario alicantino, sino para toda la provincia.