La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía en la que más se necesita del Ingreso Mínimo Vital, una cifra que ha aumentado respecto a los datos de octubre de 2022. Según los datos del Ministerio de Inclusión social, así están recibiendo esta ayuda 185.419 personas, lo que representa un 3,64 % de la población.

Andalucía es la región en la que más se están invirtiendo los recursos de esta línea lanzada por el Gobierno. Así, más de medio millón de personas están recibiendo el IMV, lo que representa casi el 6 % de la población. Tras la Comunidad Valenciana, que ha pasado de 171.403 a 185.419, se sitúa Madrid en tercera posición, con 156.947 beneficiarios.

Los datos valencianos suponen el 11,72 % del total de personas asistidas por el IMV, a gran distancia del 31,78 % que representa las cifras de Andalucía, como recogen los datos de Efe de la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta finales de enero.

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El análisis de estas cifras tiene en cuenta también cuáles son las regiones en las que hay un mayor número de población que necesita de estos recursos. Para ello se tiene en cuenta el total de habitantes que reside en cada comunidad y la cantidad de personas que reciben esta prestación.

Así, las ciudades autónomas de Melilla, con un 13 %, y Ceuta, con un 11,3 %, están en lo alto de la tabla. Tras ella se encuentra Andalucía con un 5,9 %, Extremadura con el 5 %, Murcia con el 4,1 % y la Comunidad Valenciana con el 3,64 %. 

En cambio, las comunidades en las hay que menos beneficiarios por habitante son Baleares (1,7 %), Cataluña (1,7 %) y el País Vasco (2,1 %). Según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, 1.579.949 están cobrando el IMV en España a fecha de enero de 2023 y, en todas las autonomías, hay más mujeres que hombres cobrando esta prestación.

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El Ingreso Mínimo Vital es una prestación "dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas".

Se configura "como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica", según explica el Gobierno de España. Persigue "garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias".