El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha avanzado que entre las decenas de enmiendas presentadas por la coalición al proyecto de Ley por el de derecho a la vivienda, ahora en tramitación en la Cámara Alta, se propone "una nueva disposición normativa para emular la medida adoptada por Canadá de prohibir temporalmente la venta de viviendas a personas físicas o jurídicas sin nacionalidad correspondiente al Estado español". La propueta de Compromís es prohibirlo durante tres años. 

En ese sentido, el parlamentario valencianista ha afirmado que la ley salida del Congreso "supone un avance en política habitacional, pero se ha quedado corta en medidas como controlar el abuso de los fondos buitres, prácticas de especulación, el fenómeno de los apartamentos turísticos descontrolados que revientan el mercado del alquiler o la falta efectiva de medidas para las zonas rurales".

El senador también ha calificado de "medidas hipócritas" las anunciadas a la par de la nueva ley, como es la "cesión a las comunidades autónomas de las viviendas de la Sareb, siempre y cuando las comunidades las vuelvan a pagar", con "lo que supone para las comunidades con problemas de financiación como la nuestra". "O el hecho indecente de que esas viviendas ya se han pagado con el dinero público cuando el rescate bancario", ha agregado.

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Mulet ha afirmado que Canadá "ha dado una lección prohibiendo desde el 1 de enero y durante dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes", para controlar los precios, al haberse convertido la adquisición de inmuebles en este país en un objeto de especulación: "La situación de Canadá con este fenómeno no es superior a lo que pasa ya en muchas zonas del territorio del Estado".

La propuesta de los valencianistas pide, que con el fin de evitar la especulación con la compra de las viviendas, "se aplicará desde la entrada en vigor de esta ley una moratoria de 36 meses para la venta de viviendas a las personas físicas o jurídicas (entidades y empresas) no españolas, o que no ostentaren esta condición de nacionalidad con una anterioridad de un año a la compra del inmueble".

Esta prohibición no será de aplicación a las personas con permiso de trabajo en el Estado español durante un período mínimo de tres años anteriores al año en que se realizó la compra, y que no hayan comprado más de una propiedad residencial.

Tampoco a las personas exiliadas o refugiadas o en situación de vulnerabilidad acreditada, que no hayan comprado más de una propiedad residencial, o a los ciudadanos sin nacionalidad española, con estátus de residente temporal válido, durante un periodo mínimo de cinco meses anterior a la comprar de la vivienda, Y que no hayan comprado más de una propiedad residencial. Finalmente, se permitirá la venta a las entidades cuyo objetivo sea el uso de social de estas viviendas.

Según ha explicado Mulet, "hasta el día 4 hay margen para presentar enmiendas a la ley, y luego los grupos tienen dos semanas de margen para intentar negociar y mejorar estas propuestas con transaccionales, por lo que lanzamos la propuesta abierta para se pueda debatir sin tapujos, veremos de nuevo del lado de quién se posicionan los partidos con más representación"