Con menos de mil habitantes, Llíber es una pequeña población en el norte de la provincia de Alicante convertida protagonista de una polémica urbanística que Compromís, Sumar y Esquerra Unida denuncian como ejemplo de vuelta del urbanismo depredador previo a la burbuja inmobiliaria. Ahora las tres formaciones se unen para denunciar que van a intentar frenar el que definen como macroproyecto cuyo "PAI no tiene concesión de agua" y que representa el "problema del mal uso" de recursos hídricos.
Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, lo resume destacando el trabajo en común de las formaciones "y queríamos poner en la mesa el nuevo modelo urbanístico al que estamos en contra". En el ejemplo escogido de Llíber se "pretende hacer 488 viviendas de lujo que multiplicaría por dos o tres la población de un municipio que tiene restricciones hídricas y con un PAI que no tiene concesión de agua".
"Este caso es paradigmático de lo que tiene ser esa colaboración", tercia el diputado nacional de Sumar Txema Guijarro. Y para ello recuerdan que el macroproyecto urbanístico de Rabassa ya se consiguió parar precisamente por la gestión hídrica. Esta vez "queremos que se frene desde Madrid", señala Perles, confiando en el dictamen de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y para eso Guijarro recuerda la importancia de tener la voz en la capital "y se puede interpelar al ministerio".
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Esquerra Unida recalca la similitud de este caso con tiempos pasados. "Cuando te encuentras con este tema es como si te metieras en una máquina del tiempo", lamenta Víctor Domínguez. Así, señala que "el PAI de Llíber se inicia en los 90 y se le concede con unos parámetros que parecía que habíamos superado porque los condicionamientos medioambientales no son los mismos ahora". De hecho, considera que "era un modelo destructor del territorio, que generaba desigualdades y produce un impacto sociológico que acaba rompiendo el equilibrio de la comarcas del sur".
Txema Guijarro, Ximo Perles y Víctor Domínguez en la presentación de este viernes.
La cuestión es que la inmobiliaria que está llevando a cabo el PAI, señalan, ya está anunciando la venta de sus adosados con piscina cada uno por novecientos mil euros. Una señal para Guijarro de que "el modo de operar es los hechos consumados".
En caso de que se acabaran de construir y no se les diera licencia, Perles alerta del problema que supondría para el Ayuntamiento en el caso de que les correspondiera indemnizar a la promotora. "Si llegamos al punto de que se construye toda, se tendría que pagar todos esos gastos realizados, el del chalet más los gastos por urbanización", apunta. Una cifra que, como mínimo, calculan que estaría en los 439 millones de euros, y que "el Ayuntamiento sería incapaz de pagar esa deuda y tendría que recurrir a ser rescatado por quien sea".