La ocupación de la vivienda en la Comunitat Valenciana es un problema importante para el 39 % de la población. Eso la sitúa como la segunda autonomía más preocupada por esta cuestión y también en segunda posición en la que más personas conocen casos de okupas.

Estas son dos de las principales conclusiones de la encuesta nacional que ha hecho pública la Organización de Consumidores y Usuarios este jueves. En ella se analiza el fenómeno de la ocupación en sus distintas formas (inquiocupación u ocupación forzosa) revela su impacto real, sus formas de resolución y la preocupación que genera.

La encuesta señala que el 2 % de los encuestados en toda España ha sufrido una ocupación de alguna vivienda en propiedad durante los últimos cinco años. Preguntados por otras ocupaciones que afectaran al inmueble de algún familiar directo o de una persona a la que conocen personalmente, el promedio estatal es del 19 % que afirma conocer algún caso. 

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Este es precisamente el apartado en el que la Comunitat Valenciana se sitúa por encima de la media, ya que alcanza al 23 % de las personas encuestadas. Solo la supera Castilla-La Mancha con el 35 %, mientras que las que menos lo conocen son Castilla y León y Andalucía, con el 12 % y 11 %, respectivamente.

Como consecuencia de ese mayor contacto con esta cuestión, parece natural que también sea la Comunitat Valenciana la segunda en la que se define esto como un problema importante. Así lo opinan el 39 % de los encuestados. En cambio, los más preocupados son los catalanes, con el 47 %, y los castellanomanchegos pasan a la tercera posición con el 37 %. La media nacional es del 34 % y, de hecho, en ese promedio estatal el 38 % considera que no es un problema.

La OCU considera en función de estos datos que la ocupación sigue perjudicando a muchos propietarios y urge a las Administraciones públicas a tomar tres medidas. La primera de ellas es ofrecer vivienda pública en alquiler para las personas que realmente lo necesitan. Y dar medios consecuentes a los servicios sociales.

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La segunda es ofrecer seguridad a los arrendadores para que pongan las casas en alquiler, ya que en España la mayoría son pequeños propietarios. Y el último punto es revisar la resolución de ocupaciones, para dar una respuesta rápida a los propietarios (o inquilinos que padezcan la ocupación). 

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