Alicante

"La cuchara de una muñeca producida en la UE tiene más controles y productos prohibidos que una cuchara de puericultura para dar de comer a un niño". Esta sentencia, repetida hasta la saciedad por el sector del Juguete con motivo de las elecciones constituye un grito de socorro del sector ante el cambio en la directiva europea que se prevé para el año que viene y con motivo de las elecciones del 9-J.

El Juguete asegura que se encuentra en una situación de "competencia desleal" como la que afecta a otros sectores productivos, la agricultura por ejemplo, respecto a los productos de fuera de la UE. Y tiene que ver con la exigente regulación para los productos propios y la permisividad con la que se trata a los productos de fuera, algo que estar lastrando y pude hacer colapsar al Valle del Juguete alicantino (Ibi, Onil, Castalla, Tibi y Biar, fundamentalmente).

La industria del Juguete de Comunitat Valenciana genera un valor de 154 millones euros y equivale al 0,2% del total de la industria (IVE 2022). En la región se localizan un 33% de las empresas activas españolas fabricantes de juguetes y juegos con135 establecimientos, frente a 407 a nivel nacional (DIRCE 2023). La Comunitat agrupa un 14% de las empresas exportadoras españolas de juguetes, con 846 empresas exportadoras, frente a 6.247 en España (ICEX 2023)

Como explica José Antonio Pastor, director general de Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ, presidente de la Fundación y miembro de la Junta Directiva de la Federación Europea de la Industria del Juguete (TIE), en 2007 la UE prohibió en la industria siete compuestos químicos denominados como ftalatos y en 2018 la prohibición se extendió a EE. UU.

"Se trata de compuestos que estando prohibidos aparecen diariamente en la red de alertas del régimen de inspecciones del mercado de la UE entre los productos incautados procedentes de fuera de la Unión. Y ahora, tras las elecciones, la revisón de la Directiva de Seguridad pretende prohibir otros 4.000 compuestos, por lo que aparecerán en las inspecciones 4.007 en lugar de siete".

Y es que según afirma Pastor, esta revisión en vez de dirigirse al "cumplimiento, que es lo que pensábamos que iba a mejorar, se dirige a hacer más exigente la fabricación. Porque la UE está obsesionada con el endurecimiento de las normas sobre los químicos".

Desde el sector alertan que se van a prohibir cosas "que no se pueden medir porque no hay estudios científicos suficientes. Cada vez que se produce una alarma o una alerta de un determinado grupo social, se prohíbe el uso del compuesto sin tener método científico con el que medirlo", afirma Pastor. Pero esos mismos productos no se prohíben en productos de puericultura o sanitarios, como pueden ser válvulas cardiacas o bolsas de bombas. Tampoco para tuberías u otros usos corrientes.

Por eso desde el Juguete se pide a la UE, y a los partidos tras las elecciones del 9-J, que se redirija la revisión de la Directiva de Seguridad. Pastor pide entre otras cosas que se incida en el producto que viene de fuera de la UE o que la ley provea de presupuestos a las inspecciones para que puedan hacer los caros ensayos de laboratorio.

La nueva normativa puede llegar a finales de 2024 o 2025, tras el "trílogo" -reuniones entre Consejo de Ministros, Parlamento y Comisión Europea, con el objetivo de alcanzar un acuerdo político y un texto común que pueda ser adoptado- que vendrá después de los comicios.