La última edición de la mesa de análisis UEPAL ‘Lucha contra la despoblación rural: fomento de actividades económicas en el ámbito rural’ ha concluido en la necesidad de generar un cambio en los criterios de asignación de recursos y servicios públicos a los municipios rurales y unas normas específicas para el fomento de la actividad empresarial en su territorio, especialmente cuando se trata de negocios vinculados a la tradición, el desarrollo rural y el fomento de los recursos propios de cada municipio.
Los miembros de la mesa consideraron que el criterio de población no debe ser el único para establecer la necesidad de disponer de medios suficientes en materia sanitaria, educativa o de ocio en los municipios, puesto que con estos criterios siempre se genera déficit para atender la exigencia de asentar población y se hace imposible atraer nuevos residentes estables.
Además, entienden que las iniciativas empresariales vinculadas al sector agroalimentario deberían tener otras consideraciones normativas cuando se trate de municipios rurales, puesto que muchas de ellas se enfrentan a normas urbanísticas donde implantar un proyecto de transformación del producto agrícola es complejo y costoso, y los ponentes pusieron de ejemplo generar un obrador, una almazara o una bodega.
La mesa contó con la participación del presidente de UEPAL, César Quintanilla, quien compartió análisis con el alcalde de la localidad, Lino Pascual; la diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez; el director del área de Asistencia a Municipios en la Diputación Provincial, Antonio Verdú; el presidente de CEV-Alicante, Joaquín Pérez; el director general de Señorío de Relleu, Hugo Quintanilla; el presidente del Observatorio Económico de la Provincia de Alicante, José Antonio Trigueros; la presidenta de la Ruta del Vino, Maria Miñano; y Ana Martínez, miembro de la Cátedra AVANT-GV. El diálogo estuvo moderado por Javier Expósito, CEO de Exportory.
El presidente de UEPAL señaló que el desarrollo del conjunto del territorio es esencial para lograr una cohesión territorial, que no tensione unas zonas como la costa por exceso de población y otras por déficit, como ocurre en el interior, y que asegure un clima para generar empleo y riqueza y que se disponga de los servicios públicos esenciales en todas las localidades.
Quintanilla considera que determinadas normas superan la capacidad de los ayuntamientos más pequeños, que no disponen de personal para la gestión de proyectos e iniciativas, tanto públicas como privadas, lo que genera una competencia distorsionada con aquellos que tienen más medios humanos. “Hay que adaptarse para que un Plan General de Ordenación Urbana, por ejemplo, no sea un imposible para estos municipios, o que una licencia de construcción de una almazara o una bodega sea imposible precisamente en el entorno rural, que es donde corresponde”.
En este sentido, el alcalde de Relleu, Lino Pascual, señaló que es fundamental mejorar los accesos hacia las principales vías de comunicación y las principales ciudades, generalmente de la costa. Además, lamentó la escasa plantilla municipal que redunda en una escasa capacidad de generar proyectos o, incluso, pugnar por ellos en las convocatorias de otras administraciones supramunicipales. También señaló que el “exceso regulatorio” impide generar actividad económica y hay un riesgo de convertir estos municipios es espacio de descanso para inversionistas.
La diputada provincial, Marina Sáez, consideró que “es fundamental generar proyectos público-privados que redunden en la prosperidad”, en alusión al proyecto de la pasarela sobre la histórica presa del siglo XVII que se acaba de ampliar como gran atractivo turístico en el interior de la la comarca de la Marina Baixa. La diputada reconoció que se hace un esfuerzo por parte de la institución provincial de atender las necesidades de los municipios con menor población y señaló que es fundamental alimentar el binomio de más servicios y más confianza, como gran polo de atracción de población.
El presidente de la CEV, Joaquín Pérez, destacó la necesidad de generar actividades que estén vinculadas al territorio, facilitar la labor de intermediación y de apoyo de las administraciones públicas ante los proyectos empresariales planteados en el ámbito rural y vincularse a criterios tan esenciales como la creación de marca y el aprovechamiento de los nuevos valores como el producto de proximidad, ecológico o de alta calidad.