Las provincias con más transacciones inmobiliarias, como es el caso de Alicante (tercera en el ránking tras Madrid y Barcelona), es el caldo de cultivo perfecto para la aparición de las "mafias de la okupación". Verdaderos profesionales en introducirse en las casas puestas a la venta con bancos, fondos o en subastas públicas, y exigir una extorsión para su rápida desokupación.

Una práctica de la que comienzan a hartarse los promotores inmobiliarios y constructores por los perjuicios económicos que les acarrea ante la inacción de las administraciones públicas, que no terminan de legislar al respecto.

Se trata de un asunto "incómodo", reconoce un conocido promotor alicantino que no quiere dar su nombre precisamente por este hecho. "No sabemos cómo se enteran de qué inmuebles están a la venta o subasta y los ocupan antes de que sus legítimos propietarios puedan hacer uso de ellas. Luego piden un dinero para desokuparlas. Está tasado", añade.

Desde una empresa de desokupación concretan cuánto sería esa tasa, ya que muchas veces éstas son las que se encargan de la transacción, completamente irregular, para evitar que salpique a los propietarios. Aunque también hay empresas del sector inmobiliario que prefieren hacerlo sin intermediarios.

Estas empresas cobran entre 3.000 y 9.500 euros por la operación, dependiendo del valor del inmueble y de los famosos que sean sus servicios o representantes. La mitad antes del "trabajo", la otra mitad cuando la casa ya ha sido desokupada. Pero esos son solo sus retribuciones.

Son estos "desokupas" los que proponen, dado su conocimiento del mercado, cuánto dinero se puede destinar al okupante para que la operación siga siendo rentable al nuevo propietario, que debe afrontar la compra del inmueble, los impuestos y en la mayor parte de casos, también una obra para adecentarla antes de una nueva venta.

Ese precio, explican desde esta empresa, nunca suele superar los 6.000 euros pero tampoco baja de los 3.000 euros. "Lo que se ha convertido en habitual -explica uno de sus trabajadores- es que se llegue un acuerdo para no tener que sacar por la fuerza al okupa, porque estamos hablando de un baremo de precios conocido dependiendo del valor de la propiedad".

Cuanto más cara sea la vivienda, más dinero estará dispuesto a pedir el okupa y más dinero estará dispuesto a ofrecer el desokupa para evitar acciones violentas y la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad. "Todos salen ganando, porque quienes se hacen con esas casos lo hacen por un valor mucho más bajo que el del mercado".

Este argumento, sin embargo, no convence a los promotores ya que para ellos es su negocio presente y futuro, y "les conviene que las transacciones se hagan con seguridad jurídica y total transparencia". De ahí que exijan cambios en la ley como el que propuso el PP a finales del pasado mes de septiembre para "revertir la actual situación de desprotección del común de los ciudadanos frente a los delincuentes que les usurpan su propiedad".

El conocido como "Protocolo Albiol", conseguir expulsar a los okupas de una vivienda recién asaltada, en las primeras 24 o 48 horas, con intervención policial directa, y "sin necesidad de intervención judicial".