Javier Gisbert, presidente de la patronal de la construcción de Alicante (FOPA)
La patronal de la construcción de Alicante advierte: "La reconstrucción de Valencia no debe salir de fondos ordinarios"
Javier Gisbert (FOPA) recuerda que la infrafinanciación de la Generalitat no permite margen de acción si el Gobierno no activa los 2.000 millones.
Más información: La provincia de Alicante solo ha recibido la mitad de lo que le corresponde en los 7 años del Gobierno de Pedro Sánchez
En 2019, la Cámara de Comercio de Alicante y la Confederación Empresarial Valenciana presentaron un "decálogo de infraestructuras básicas" imprescindibles para la provincia de Alicante. Cinco años después, de esos 10 proyectos solo se ha licitado la modernización de la línea ferroviaria Alcoy-Xátiva (22,2 millones de euros) y algunas partes del Corredor Mediterráneo. Un 1,1% de los 2.000 millones de euros en los que estaba cifrado aquel decálogo.
Ante esta situación de irrelevancia, las voces de alarma se están multiplicando en el año en que se cumple casi con toda seguridad el tercer ejercicio de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y que volverán a dejar a la provincia de Alicante la número 52 de 52 en inversiones peer cápita.
No en vano, a principios de febrero este diario informaba de que los últimos datos recogidos por Seopan (la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España) el total de lo invertido desde julio de 2018 a diciembre de 2024 en la etapa de Sánchez ha sido 724 millones en infraestructuras, obras públicas, dotaciones, edificación civil, etc., sobre una inversión total en toda España de 46.594,8 millones de euros.
Entre estas voces de alarma está la de la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (FOPA), que el pasado jueves se reunió con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ante el anuncio de "inversiones por 27,9 millones de euros, además de las previstas licitar en este año y que superan los 50 millones de euros", decía la comunicación oficial de la CHS.
Según explicó a este diario el presidente de la patronal alicantina, Javier Gisbert, se trata de anuncios de inversiones que como las de la Rambla de Abanilla (prioritaria desde la Dana de 2019) "ni siquiera están en la fase de redacción de proyectos", lo que puede llevar a que salgan a licitación como pronto en tres años.
"Inversiones que en su mayoría no pertenecen a la provincia de Alicante sino a la de Murcia, algunas de ellas con Fondos Next Generation como un paquete de 25 millones que deben estar acabadas antes del 30 de julio de 2026, con 10 obras de renaturalización de cauces, pero que en su mayoría son partidas presupuestarias de conservación y mantenimiento, no nuevas infraestructuras", señaló Gisbert.
En este contexto, la Federación de Obra Pública considera que la prórroga de los PGE, en general, "será un nuevo desastre porque si en el primer año se nos anunció un fondo de 100 millones extra para compensar a la provincia, que no sabemos qué fue de ese dinero, esta vez ni siquiera se contemplan actuaciones de compensación. Se siguen imputando partidas al Corredor Mediterráneo para salvar la cara y del resto, nada".
La situación se agrava ante la imperiosa necesidad de fondos para la reconstrucciónd de la Horta Sur de Valencia tras la catastrófica cana del pasado mes de octubre. "La Generalitat Valenciana está inmersa en la reconstrucción de Valencia, pero tal y como está infrafinanciada desde hace décadas, no puede asumirla con sus fondos propios ordinarios", asegura Gisbert.
Para exigir: "El Estado debe activar los 2.000 millones de euros en inversiones que ha prometido y que son necesarios. Desde Alicante consideramos que la reconstrucción de Valencia debe ser prioritaria, pero con fondos extraordinarios llegados desde el Estado. Si no, no se podrá reconstruir todo lo dañado por la riada".
Y, satisfechas esas necesidades, las constructoras alicantinas (50 empresas, 3 de ellas de ámbito nacional e internacional) alertan nuevamente de la necesidad de inversiones en la provincia. "Ahora somos la provincia 52 de 52, la última, pero es que en los años anteriores éramos la quinta o la séptima por la cola. Hablamos de inversiones necesarias porque mejorar las infraestructuras alicantinas supone mejorar los procesos productivos de una provincia que es una potencia nacional", añade Gisbert.
