El turismo, al margen de las ayudas de Europa: solo recibirá un 5 % de los fondos pese a aportar el 12 % del PIB

Solo el 4,89 % de los 69.529 millones de euros de los fondos europeos asignados a España (3.400 millones) irán a parar al turismo, un sector que tiene un peso tradicional en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional del 12,4%. De hecho, en el último año prepandemia (2019) el país recibió 82,7 millones de turistas extranjeros, y fue el segundo más visitado del mundo solo por detrás de Francia. 

El sector no cuenta, por lo tanto, con una "importancia análoga" a su impacto en la economía española dentro del reparto del dinero de Bruselas, algo que "no parece razonable" teniendo en cuenta tanto su aportación al empleo como a la generación de riqueza.

Esta es la principal conclusión a la que llega el segundo informe de la CEOE sobre la gestión que el Gobierno está haciendo de los fondos de la Unión Europea, publicado hace apenas unos días y que incluye por primera vez un apartado específico destinado a la industria turística.

La patronal presidida por Antonio Garamendi destaca en el documento de 53 páginas que el turismo no cuenta con un proyectos estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) propio, y que solo el 18,4 % de los fondos destinados a este sector tienen como objetivo las empresas privadas.

El resto son ayudas a destinos (es decir, a entidades locales), "dirigidas fundamentalmente al desarrollo de infraestructuras públicas, lo que dificulta su efecto transformador", según explican.

Es más, también asegura que, "dado el importante peso del turismo en nuestro país, y siendo considerado por muchos como el sector más perjudicado por la pandemia (su aportación al PIB llegó a caer seis puntos), llama la atención la modesta asignación" del Plan España Puede. 

"No existe una estrategia definida que contemple las auténticas necesidades de las empresas turísticas", agrega. "Por el contrario, la hoja de ruta de las inversiones del Componente 14 (el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico diseñado por Moncloa) se diseñó desde el enfoque de arriba a abajo", es decir, sin tener en cuenta la opinión del sector. 

Es por esto que la patronal opina que, en la práctica, "los proyectos que buscan mejorar los niveles de competitividad de las empresas no tienen encaje con las línea de inversión dirigidas al turismo".  

El informe incluye un catálogo de propuestas de mejora para el sector. Entre ellas destaca el refuerzo de la participación privada directa, una mayor sencillez en las convocatorias o la conveniencia de aprovechar los fondos para homogeneizar las diferentes velocidades que existen en las empresas turísticas con el objetivo de frenar la brecha de competitividad.

El dinero que no llega

A nivel general, la CEO explica en su informe que solo 1 de cada 4 euros procedentes de Bruselas ha llegado a las empresas, "lo que limita el efecto de los fondos europeos en la recuperación económica". Además, indica que "el Gobierno sigue sin publicar datos oficiales actualizados sobre la llegada de fondos a las empresas desde agosto de 2021".

El documento señala como aspectos que se pueden mejorar la excesiva atomización y los bajos presupuestos de las convocatorias; la falta de equilibrio entre proyectos grandes y pequeños; la carga burocrática existente y la lentitud de los procedimientos.

En este sentido, la patronal apuesta por el diseño continuista de las convocatorias y subraya las limitaciones de acceso para pymes y autónomos que suponen los plazos y los porcentajes de cofinanciación de las ayudas establecidos.

Finalmente, CEOE defiende incorporar incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos, en línea con lo que hacen otros países (Dinamarca, Suecia, Austria o Grecia) y recuerda que lo lleva proponiendo desde septiembre de 2020, cuando se empezaron a diseñar los planes de recuperación.

En este apartado incluye también la necesidad de "mejorar la eficiencia del gasto público", y recuerda "un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos" que calcula que España podría reducirlo un 14 %, el equivalente a 60.000 millones de euros, "sin rebajar la calidad de los servicios".