La Generalitat "está ultimando" la nueva regulación de la actividad de viviendas de uso turístico de la Comunitat Valenciana. Y en ella, como avanza la consellera Nuria Montes, se incluyen "importantes novedades".
Las declaraciones de la responsable de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en el Consell dibujan las líneas con las que están redactando el nuevo decreto ley que regula esta actividad y que sustituirá la actual norma de alojamiento turístico.
La primera de esas novedades "es que los ayuntamientos podrán establecer limitaciones". Como especifica, "no hablamos nunca de prohibiciones, pero sí de limitaciones". Estas, detalla, "tienen que ser, en todo caso, proporcionadas y, por supuesto, deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos".
A esas restricciones que podrán plantear los municipios el Consell marca que tendrán que "darles una debida publicidad antes de su puesta en funcionamiento sobre la limitación del uso de las viviendas turísticas en cada término municipal que así lo acuerde".
Montes detalla que en este nuevo texto "damos un ultimátum del plazo para la comunicación del número de referencia catastral hasta el 31 de diciembre de este año". "Las viviendas que no hayan comunicado al registro este número de referencia perderán su autorización y tendrán que tramitar una nueva si quieren seguir operando", añade.
La nueva norma incluirá un apartado que abordará la prohibición del alquiler turístico de habitaciones en viviendas. Como explica, "ya está terminantemente prohibido, pero vamos a ser especialmente exigentes".
Un asunto en el que puntualiza la amplitud del concepto: "Cuando hablamos de habitaciones no solamente hablamos de una habitación, aunque sea en una vivienda compartida, sino en todo aquello que se pueda asimilar: como alojamientos en barcos, caravanas, tiendas de campaña o cualquier otro elemento susceptible de alejar a una persona". Y la razón es que "ese no es el tipo de producto turístico que nosotros buscamos en la Comunidad".
Montes concluye su intervención recalcando que "vamos a ser muy exigentes y hemos incrementado el régimen sancionador, sobre todo para los incumplidores, para toda la oferta que se pueda comercializar en economía sumergida o que no cuente con las licencias de habilitación para ello, pudiendo suponer infracciones de carácter muy grave con unas cuantías muy importantes".
De hecho, este junio Montes criticaba un anuncio del Ministerio de Consumo al respecto porque "llevamos tiempo pidiendo al Ministerio con las competencias de turismo que se reúna la conferencia sectorial para abordar el problema" de "las plataformas que comercializan vivienda turística de forma irregular".