La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha criticado "la focalización que está haciendo el Gobierno de España sobre las viviendas de uso turístico, que en la Comunitat Valenciana representan el 1,8 % del total del parque de vivienda, mientras que la vivienda vacía representa más del 14 %".
Las declaraciones de Montes, a través de un comunicado, llegan tras la visita este jueves del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, a Dénia y Altea. La consellera ha recalcado que el problema de la vivienda en este país no tiene tanto que ver con las viviendas de uso turístico como con las políticas del Gobierno de España en materia de vivienda, que deberían empezar a revisar".
Del mismo modo, ha incidido en que "tampoco debemos olvidar que las competencias en materia de ordenación turística se atribuyen en exclusiva a las comunidades autónomas" y ha insistido en que "llevamos un año pidiendo una conferencia sectorial sobre turismo y no hemos obtenido respuesta".
En este sentido, ha recordado que "desde el Gobierno de Mazón, y en concreto desde la Conselleria de Turismo, ya hemos hecho los deberes y en pocos días publicaremos el nuevo decreto regulador de viviendas de uso turístico para consolidar ese turismo responsable y sostenible en el que ya estamos trabajando y por el que el Gobierno de España, desgraciadamente, no ha hecho absolutamente nada".
El tono de Montes se endurece cuando ha recalcado que "precisamente la única administración que ha tomado medidas respecto a la publicidad de las plataformas es la nuestra, dado que tenemos competencias, así que no es necesario que ningún ministro nos invite a hacerlo".
La responsable de Turismo de la Generalitat ha hecho hincapié en que "la próxima semana, cuando aprobemos el decreto que regula las viviendas de uso turístico, se pondrán en marcha nuevas obligaciones que tendrán que cumplir todos los canales de comunicación, sobre todo aquellos que tienen que ver con disponer de la información detallada del domicilio donde se ubican estas viviendas para poder localizar toda la oferta ilegal cruzando datos".
En el avance de este miércoles sobre las novedades que incluirá esta nueva norma especificaba "que los ayuntamientos podrán establecer limitaciones". Un aspecto en el que puntualizaba, "no hablamos nunca de prohibiciones, pero sí de limitaciones". Estas, detalla, "tienen que ser, en todo caso, proporcionadas y, por supuesto, deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos".
Otro aspecto que adelantaba Montes es que en este nuevo texto "damos un ultimátum del plazo para la comunicación del número de referencia catastral hasta el 31 de diciembre de este año". "Las viviendas que no hayan comunicado al registro este número de referencia perderán su autorización y tendrán que tramitar una nueva si quieren seguir operando", añade.