El senador alicantino del PP, Agustín Almodóbar, ha elevado una moción en la Cámara Alta exigiendo que se prolongue la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021 que obligará a partir de diciembre a los establecimientos turísticos al registro documental de hasta 20 preguntas a sus clientes para su traslado al Ministerio del Interior. Una medida que la prensa internacional ha calificado de "Big Brother" (Gran Hermano) orwelliano.
Y es que además del coste económico para hoteles, alquileres reglados de viviendas y vehículos (transporte de personas, acceso a servicios telefónicos o telemáticos, reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos, compraventa de joyas y metales, etc.), el PP considera que será perjudicial para el servicio prestado a los turistas y tendrá graves inconvenientes en su aplicación.
Según explica Almodóbar, España ya es el único país que remite la información del DNI o Pasaporte del cliente a la Policía Nacional, una medida que comenzó a practicarse hace décadas para aumentar la seguridad en país aquejado por el terrorismo de ETA.
Ahora, añade, "lo que se pretende es convertir a los recepcionistas en policías, preguntando a sus clientes no sólo los datos del DNI, sino también sus datos bancarios o qué parentesco tienen con sus acompañantes. Lo que es inmiscuirse en su intimidad, por no hablar de que choca con la ley de protección de datos".
Almodóbar recuerda que contra este decreto ya se han posicionado las principales asociaciones del sector turístico, como CEHAT, CEAV, ASOTUR, ACAVE, FENEVAL, FETAVE, UNAV e incluso las organizaciones europeas como HOTREC y ECTAA. "Ya han advertido sobre el caos operativo que supondrá para los alojamientos turísticos y las agencias de viajes la implementación de esta medida".
Además, "las pequeñas y medianas empresas turísticas no disponen de la infraestructura tecnológica ni de los recursos humanos para cumplir con estas nuevas obligaciones de manera eficiente".
Plataforma tecnológica
En este sentido, el senador advierte de que la plataforma tecnológica necesaria para la implementación de este sistema de registro requiere mejoras tecnológicas para que la transmisión de datos se haga de forma segura y eficiente, sin detrimento de la competitividad ni la productividad de las empresas del sector.
El senador también denuncia "la falta de voluntad, inflexibilidad e incomprensión del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez para con la industria turística que emplea prácticamente a 3 millones de afiliados en nuestro país actualmente".
Por eso, además de por las consecuencias económicas que pueden suponer al sector turístico, el senador exige "revisar las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas". Y piden abrir un proceso de diálogo para redactar una normativa coherente.