La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha admitido a trámite una denuncia del Partido Popular de Elche contra el gobierno de la ciudad, en manos del PSOE y de Compromís por presuntos delitos de prevaricación y fraude.  El órgano fiscal está investigando desde el pasado 26 de abril si el ejecutivo del socialista Carlos González habría troceado contratos por valor de un millón de euros, aproximadamente, durante el actual mandato. 

Eso al menos es lo que sostiene el principal partido de la oposición, cuyo portavoz Pablo Ruz ha ofrecido este jueves una rueda de prensa acompañado por el vicesecretario de Comunición del PP a nivel nacional, Pablo Montesinos.

La denuncia, de 324 folios, contiene 32 informes de reparos en 2019 y 28 de 2020, emitidos por el anterior interventor municipal y por la actual, donde se recogen 676 facturas "por un montante superior a 1,5 millones de euros", ha explicado el también senador. 

Ruz ha dicho que los informes de reparos "han sido obviados por PSOE y Compromis y todos estos gastos presuntamenta han vulnerado los procedimientos de contratación, saltándoselos sin el menor escrúpulo".

Por todo ello, aprecia "un presunto fraccionamiento de contratos" cuya finalidad, ha añadido, no era otra que "evitar así los procedimientos de contratación de la ley, perjudicando al resto de proveedores y mercantiles que no han podido presentarse y también a las arcas municipales".

"Contratos a dedo"

El portavoz del grupo municipal del PP asegura que, de esta forma, se ha venido "favoreciendo contratos a dedo" pese a que la ley establece que a partir de 15.000 euros se ha de licitar (sacar a oferta pública) el proceso de contratación. 

"Estas acciones reiteradas no se pueden escudar ni en errores administrativos ni en fallos técnicos. Desde hace más de 3 años, con dos interventores distintos, han estado advirtiendo de manera meridiana y clara al señor González, por cierto, presidente de Red de Ciudades por la Transparencia, de las irregualridades que se estaban cometiendo", ha señalado. 

Preguntado por los contratos, el firmante de la denuncia, el abogado Claudio Guilabert, del PP, ha apuntado que "afectan todas las concejalías y a diferentes suministros, de manera transversal". "Hablamos de pequeñeas cantidades que de manera anual han superado los 15.000 y también importes más elevados que se repiten en el tiempo", ha respondido, sin querer entrar en los nombres de proveedores concretos. 

"Similar a Echávarri"

La denuncia ha sido formulada contra el alcalde Carlos González y contra todos los miembros de la Junta de Gobierno. "Es un caso similar al de Echávarri", ha concluido Ruz, en alusión al anterior alcalde socialista de Alicante, obligado a dimitir por su procesamiento por fraccionar contratos cuando era concejal y por el cese de una funcionaria. 

Por último, Pablo Montesinos ha intervenido para solicitar al alcalde que comparezca  "en menos de 24 horas para dar explicaciones políticas". Sin querer demandar su dimisión, ha dicho que González "ya no se puede escudar en el ataque permanente al principal partido de la oposición".