Las trampas de la ley antidesahucios: una pareja gay de Elche, en la calle por no tener hijos

"Si te creiste que con el estado de alarma los desahucios se habían terminado; si te creíste el mantra del Gobierno sobre no dejar a nadie atrás, abre los ojos ante esta cifra aterradora: 10.951 desahucios en el primer trimestre de 2021". Con este mensaje ha reaccionado este lunes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante los datos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias y de alquiler en el país. 

Solo en la Comunidad Valenciana, se practicaron entre enero y marzo, 1.553 desahucios, lo que la convierten en la tercera autonomía española; también fue la tercera con más ejecuciones hipotecarias, con 1.253, siendo el grueso de la cifra global el impago de alquiler: 1.025 casos. 

Tras estos datos se encuentran las personas y las historias dramáticas que esconden. Un ejemplo es el que representan Sergio y Juan, una pareja de 50 y 48 años desempleada que fue desalojada de su casa de 56 metros cuadrados de Elche por orden judicial el pasado 10 de febrero. 

Esta es una historia sobre el drama de los trabajadores de este país que, cuando dejan de ser (tan) jóvenes, dejan de existir para el mercado laboral; una historia sobre los fallos del sistema y de todas sus administraciones para asistir socialmente a una familia necesitada; y una historia sobre las incongruencias de un decreto-ley autocalificado de antidesahucio y que, en la práctica, se ha demostrado, en muchos casos, inútil. 

Aprobado el pasado 22 de diciembre de 2020, el gobierno ofreció "especial protección", en el contexto del estado de alarma, "aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo".

"Porque no entramos en ninguno de los supuestos, ¿no tenemos derecho a mantener la vivienda?", se pregunta Sergio. "La Justicia no contempló la paralización del desahucio porque al ser una pareja sin hijos, no les concedieron la demora por el Covid", explica Marga Bernad, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche, organización que ha estado ayudando a la pareja. "La mujer que vino del juzgado nos dijo que como no teníamos hijos, ni personas mayores a cargo, no somos vulnerables, por lo que no tenemos derecho a nada", insiste de nuevo Sergio. 

Espada de Damocles

La agonía de Sergio y Juan se instaló en su casa del barrio de La Torreta cuando, en el 2015, Juan y 2016, Sergio, se quedaron sin trabajo. Sin ingresos, y con una hipoteca que habían firmado 7 años atrás por 120.000 euros, lograron un año después la dación en pago y el alquiler social con el banco Sabadell. 

Desde entonces, y salvo algún que otro contrato temporal, continúan "en búsqueda activa de empleo"; de hecho Sergio tiene dos entrevistas este martes, "he ido a muchas pero nada", dice este comercial con años de experiencia como teleoperador. Juan tampoco ha tenido suerte como auxiliar de enfermería. 

A la desesperanza llegó la agonía en forma de carta a finales de 2019: aviso de desahucio por impago del alquiler. Pero llegó la pandemia y el primer estado de alarma cuando, con los juzgados cerrados, el Gobierno ordenó paralizar los desahucios. Y entonces sí funcionó. "En la PAH de Elche lo notamos, tanto que cuando en junio vino la nueva normalidad, volvieron a darse los desahucios", explica Gloria Marín, una de las portavoces. 

Y también, como viene advirtiendo la PAH, Juan y Sergio se encontraron con el problema al que se enfrentan tantas familias amenazadas de desahucio, el de no poder negociar con el banco con el que firmaste la hipoteca puesto que tu vivienda ahora pertenece a un fondo buitre. "Y el nuestro nos dijero directamente que no quería inquilinos", explica esta familia. 

En la calle

El inevitable desenlace se produjo el 10 de febrero, tras un aviso del juzgado de que tenían 10 días para desalojar la casa que habían ocupado 10 años. Así que Juan y Sergio se apresuraron en vender todos los muebles posibles "para sacar algo de dinero". Pero no fue posible y algunos vecinos les ayudaron a dejar sus cosas-

"Acabamos en nuestro coche lleno de trastos donde durmimos varios días", relatan, hasta que encontraron una pensión barata, recuerda Sergio con amargura. Sin apenas ahorros, al cabo de un tiempo encontraron un alquiler asequible gracias a que el padre de Juan les pudo avalar y está pagando las mensualidades. 

Porque, como apuntan desde la PAH, las personas que buscan un piso de alquiler se están encontrando, por un lado, "que piden que tienes que ganar tres veces más que  lo que vale" y, por otro, "que no hay parqué de alquileres sociales", denuncia Marga. 

Administraciones ausentes

El lector o lectora seguramente se habrá preguntado qué respuesta le dio la administración a Sergio y Juan ante su emergencia social y habitacional. La respuesta, según mantienen todo el rato, ninguna. El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento sabía de su delicada situación desde 2017. A través de ellos habían solicitado la Renta Valenciana de Inclusión "hace dos años, y hace año y medio nos llamé el asistente para que fuéramos a actualizar unos datos y de momento, nada". 

Entonces también demandaron el Ingreso Mínimo Vital (estamos hablando de octubre de 2020). 8 meses después, siguen esperando una respuesta. "Nos dicen que la están estudiando y que nos dirán algo este mes", avanza Sergio. Anteriormente Juan pudo cobrar 150 euros de la Renta Activa de Inserción, más conocida como RAI, del Mininisterio de Trabajo, pero ya no. ¿Qué ayuda estáis cobrando ahora? Le preguntamos. "Nada", responden. 

Aunque, la principal queja la tienen con el Ayuntamiento de Elche, a quienes avisaron de que iban a ser desahuciados. "Nos dijeron que nos podrían ayudar con el pago del nuevo alquiler una vez ya no estuviéramos en la vivienda pero al final nos ayudaron con un mes", lamentan. "Lo que más nos fastidia es que mientras la que fue nuestra vivienda está cerrada con puerta blindada, el Ayuntamiento nos dijo que nos fuéramos a vivir con algún familiar", comenta Sergio. "Con la alta incidencia que había entonces, cuando estaba prohibido quedarte en otras casas, nos propusieron que nos fuéramos con nuestros padres, que tienen 85 años y a los que podíamos contagiar". concluyen.